En la República Dominicana, existe un patrón cíclico que ha marcado el discurso político por décadas: justificar los errores, la ineficiencia y hasta la corrupción de una gestión gubernamental mediante la responsabilidad atribuida a administraciones pasadas.
Este fenómeno, aunque recurrente en toda América Latina, adquiere características particulares en el país caribeño, donde cada cambio de gobierno suele venir acompañado de denuncias públicas y auditorías que sacan a relucir las supuestas «herencias» negativas del pasado. Sin embargo, la estrategia va más allá de señalar los errores ajenos, y en ocasiones sirve para encubrir deficiencias propias y desviar la atención de temas actuales.
Una estrategia conocida y efectiva
La táctica de culpar al pasado ha sido un arma discursiva en la política dominicana desde el siglo XX. Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, en la época post-Trujillo, se utilizó con frecuencia el argumento del “caos heredado” para justificar el centralismo férreo y las obras públicas financiadas sin controles claros. Este patrón se ha mantenido vigente hasta la actualidad.
Cada nuevo gobierno, al asumir el poder, anuncia auditorías a la administración saliente, exponiendo irregularidades, despilfarros y presuntos actos de corrupción. Estas denuncias cumplen dos funciones:
1. Legitimar la llegada del nuevo liderazgo bajo una narrativa de “rescate” o “orden”.
2. Distraer al público de los problemas urgentes que requieren soluciones inmediatas.
La ciudadanía, hastiada de la corrupción sistémica, suele aceptar esta narrativa durante los primeros meses de gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la falta de resultados concretos obliga a las administraciones a mantener la culpa en el pasado como un recurso discursivo constante.
Casos recientes en la política dominicana
Desde los años 2000, este patrón ha sido aún más evidente.
– Gobierno del PRD (2000-2004): Durante el mandato de Hipólito Mejía, se hizo referencia constante a los “problemas económicos heredados” del último gobierno del PLD. El estallido bancario de 2003, sin embargo, dejó en evidencia la falta de controles del propio gobierno.
– Gobiernos del PLD (2004-2020): Las administraciones encabezadas por Leonel Fernández y luego por Danilo Medina iniciaron con auditorías y denuncias de supuestos actos de corrupción de gestiones pasadas.
A medida que surgieron escándalos como Odebrecht y las compras irregulares durante la pandemia, el discurso se tornó repetitivo: “hemos heredado instituciones débiles”.
- Actualidad (2020 en adelante): El gobierno actual del PRM, encabezado por Luis Abinader, asumió con una fuerte retórica anticorrupción, iniciando investigaciones sobre las gestiones pasadas. A pesar de los avances en transparencia, sectores críticos cuestionan la efectividad de esas acciones cuando persisten denuncias de licitaciones irregulares y favoritismo en las obras públicas.
¿Por qué funciona esta narrativa?
El éxito de esta estrategia radica en varios factores:
1. Memoria histórica débil: La falta de educación cívica y la poca conservación de registros oficiales facilita que los gobiernos manipulen el relato.
2. Polarización política: Los dominicanos tienden a dividirse entre seguidores acérrimos de partidos, lo que impide una evaluación objetiva de las gestiones.
3. Impunidad histórica: Muchos de los responsables de actos de corrupción pasados nunca enfrentan la justicia, lo que perpetúa el ciclo de culpas.
La distracción como herramienta política
Culpar al pasado también actúa como cortina de humo. Mientras los debates mediáticos giran en torno a los errores de administraciones anteriores, las actuales pueden dilatar la ejecución de políticas urgentes o camuflar sus propios fallos.
En República Dominicana, temas estructurales como la mejora del sistema educativo, la eficiencia del gasto público y la lucha contra la pobreza suelen postergarse bajo la excusa de «herencias negativas».
Un ejemplo de esta dinámica se observa en el manejo de grandes proyectos de infraestructura que se encuentran inconclusos o en condiciones deplorables. La responsabilidad suele pasar de una administración a otra, sin que los ciudadanos vean avances significativos.
¿Cómo romper el ciclo?
Para salir de esta espiral de culpas y justificaciones, se requiere:
1. Fortalecimiento de las instituciones: Auditorías independientes y regulares, junto con la transparencia en tiempo real, son esenciales para evitar que los nuevos gobiernos utilicen las denuncias selectivas como arma política.
2. Educación cívica: Una ciudadanía informada es menos vulnerable a los discursos populistas y al encubrimiento de responsabilidades.
3. Justicia sin favoritismos: Los actos de corrupción deben ser perseguidos, sin importar el partido político al que pertenezca el implicado.
A tener en cuenta
La práctica de culpar a gobiernos pasados ha servido como una herramienta efectiva para desviar la atención y justificar deficiencias en República Dominicana.
Aunque algunos argumentos pueden tener base real, el uso excesivo de esta narrativa retrasa soluciones estructurales y perpetúa la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Romper este ciclo requiere voluntad política, transparencia y, sobre todo, una ciudadanía comprometida con exigir resultados a quienes gobiernan hoy, sin dejarse llevar por las sombras del pasado.
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