El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue llamado este lunes a testificar como investigado por el Tribunal Supremo español, en uno de los casos judiciales que debilitan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El principal fiscal del país deberá comparecer el 29 de enero ante el juez Ángel Hurtado del Supremo, que lleva esta causa por el delito de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.
Hurtado estima que, en base a los elementos preliminares de su investigación, «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» del fiscal general «en esa filtración», explicó el tribunal en un comunicado.
Fue sin duda «la persona que dirigió los pasos que llevaron» a la filtración, «aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales», indicó el magistrado en un auto, al que tuvo acceso la AFP.
El Supremo anunció en octubre la apertura de la investigación por presunta violación del secreto profesional contra el fiscal general, nombrado para el puesto a propuesta del gobierno de izquierda en agosto de 2022.
– El fiscal se defiende –
La investigación, sin precedentes en la historia judicial española, surgió a raíz de la publicación en varios medios de comunicación del contenido de un borrador de acuerdo entre la Fiscalía y el empresario Alberto González Amador, novio de Ayuso, figura del Partido Popular (PP, derecha) muy crítica con Pedro Sánchez.
González Amador es investigado por presuntamente haber cometido fraude fiscal durante los años 2020 y 2021, cuando una compañía suya se dedicó a prestar servicios de salud y multiplicó sus ingresos durante la pandemia de covid-19.
El empresario presentó una querella contra Pedro Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes lo tildaron de «delincuente confeso» después de que los medios publicaran el borrador del acuerdo con la fiscalía, en el que admitía delitos fiscales, pero que finalmente no se firmó.
Jefa de filas del ala dura del PP, Ayuso ha defendido a su pareja y denunciado una persecución «salvaje» de los «poderes del Estado» en su contra.
García Ortiz negó haber filtrado, ni directamente ni a través de su oficina, información sobre el caso González Amador, y dijo sentirse tranquilo ante la apertura de la investigación, en una entrevista que ofreció a la televisión pública TVE en octubre.
«La Fiscalía no se dedica a filtrar unos correos por la noche», dijo el fiscal general, alegando no haber tenido conocimiento de los correos electrónicos relativos al posible acuerdo antes de su publicación por los medios.
– «Escándalo inédito» –
Esta línea de defensa fue rechazada este lunes por portavoces del PP, que volvieron a pedir la dimisión inmediata del fiscal general.
«Cada día sabremos más y la verdad se terminará por saber. Nadie por encima de la ley», estimó Borja Sémper, del PP, quien lamentó este «escándalo inédito en la política española».
Este caso provocó la dimisión del líder socialista en la región de Madrid, Juan Lobato, obligado a abandonar el cargo tras implicar en los hechos a una asesora de Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno.
La citación de García Ortiz se produce cuando Sánchez está rodeado de una serie de investigaciones judiciales a personas de su entorno, como su esposa Begoña Gómez y su hermano menor David Sánchez, responsable de espectáculos en vivo en la provincia de Badajoz, en el suroeste del país.
Este último, interrogado el viernes por un juez de instrucción en el marco de una investigación centrada en las condiciones de su contratación, negó cualquier irregularidad.
1
