Participación Ciudadana, una organización dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha publicado su tercer informe del observatorio sobre los casos de corrupción que se tramitan en los tribunales dominicanos. Este informe, que cubre los últimos meses del año 2024, revela una preocupante lentitud en el proceso judicial de estos casos.
De acuerdo con el informe, los expedientes de corrupción administrativa en el país no deben ser tratados como casos comunes de mora judicial debido a su complejidad, el número de implicados y los montos involucrados, que son los más altos en la historia de la justicia dominicana. «Se trata de recursos públicos, de la pobreza de la población y del Estado, y de un delito que ha marcado la historia del país», señala el informe.
El documento destaca que todos los casos de corrupción analizados avanzan a un ritmo extremadamente lento, con algunos que ya han cumplido o están a punto de cumplir cuatro años sin haber alcanzado una sentencia de primera instancia. Esto plantea un riesgo significativo de que la acción pública podría declararse extinguida, debido a la expiración del tiempo máximo permitido para la conclusión de estos procesos sin una sentencia al fondo.
Participación Ciudadana subraya que esta mora judicial en casos de corrupción administrativa no solo afecta la confianza en el sistema judicial, sino que también contribuye a la perpetuación de la impunidad, un enemigo histórico del desarrollo y la justicia social en la República Dominicana.
El objetivo de estos informes es no solo mantener informada a la opinión pública y crear conciencia ciudadana, sino también medir la eficiencia del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción. La organización insiste en la necesidad de un seguimiento especial y constante a estos casos para asegurar que se logren sentencias definitivas y se erradique la corrupción.
El informe completo está disponible en el sitio web de Participación Ciudadana, donde se detallan cada uno de los casos y se ofrecen análisis exhaustivos sobre el estado actual de cada proceso judicial relacionado con la corrupción administrativa en el país.
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