El Tribunal Colegiado de la provincia de San Cristóbal impuso sentencias de 30 y 20 años de prisión a Joel Bens y José Manuel Javier Martínez, respectivamente, por el asesinato de la profesora Yesenia Koraima Rodríguez Suárez y las lesiones a su pareja, Engels Enmanuel Catano Medrano, durante un violento asalto ocurrido en junio de 2023 en el sector Lavapiés.
El fallo, solicitado por el Ministerio Público del Distrito Judicial de San Cristóbal, responsabilizó a los acusados de disparar contra la docente y agredir a su compañero durante un robo frustrado. Según el expediente, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 a.m. del 6 de junio de 2023, cuando Rodríguez Suárez, Catano Medrano y una tercera joven (cuya identidad se reserva) fueron interceptados por los ahora condenados, quienes viajaban en una motocicleta Loncin y portaban un arma de fuego.
Joel Bens, desmontándose del vehículo, exigió pertenencias a las víctimas. Al declarar estas que no llevaban consigo objetos de valor, se desató un forcejeo entre Bens y Catano Medrano, que culminó con el disparo mortal contra Rodríguez Suárez y heridas a su pareja. La docente falleció en un centro de salud local a causa de un proyectil de arma de fuego, según el acta de levantamiento de cadáver. Catano Medrano sufrió trauma contuso, edema leve, equimosis en la región subordinaria derecha y heridas no suturadas en cadera, pies y manos, de acuerdo con el certificado médico legal.
La fiscalía, liderada por Aurelina Cuevas Román y Wendy María Martínez Garabitos, presentó pruebas que vincularon a los acusados con el crimen. El tribunal, integrado por los jueces Ana Inés Susana, Chadalis Rosario y Biulkys Milanés, determinó la culpabilidad bajo los artículos 333-II del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar), así como múltiples disposiciones relacionadas con homicidio, lesiones y robo agravado (artículos 2, 265-304, 379-386).
Los condenados cumplirán sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal. La sentencia marca un precedente en la aplicación de leyes contra la violencia de género y delitos graves, reforzando el compromiso institucional ante hechos que conmocionaron a la comunidad educativa y local.
Este caso resalta los esfuerzos del Ministerio Público para lograr justicia en crímenes violentos, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos. La condena cierra un capítulo trágico, aunque deja en evidencia la urgencia de fortalecer medidas de seguridad en la región.
