A más de dos décadas de la implementación del sistema de pensiones bajo la Ley 87-01, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la República Dominicana han consolidado su posición como una de las industrias más rentables del país, mientras los trabajadores enfrentan el reto de pensiones que no aseguran un retiro digno.
El modelo de capitalización individual, inspirado en el chileno, prometía un retiro seguro a través de la inversión de los aportes de los trabajadores. Sin embargo, la realidad actual muestra una disparidad significativa. En 2024, las AFP recaudaron RD$8,862 millones en comisiones, lo que, sumado a los ingresos por otros conceptos, ha llevado a un incremento de sus ganancias del 12% desde 2020, alcanzando más de RD$5,000 millones en 2023.
Una nueva investigación del periódico Panorama.com.do indica que a pesar de administrar activos que representan el 18% del PIB del país, con un total de RD$1.397 billones al cierre de 2024, los beneficios para los afiliados son modestos. La pensión mínima aumentó a RD$14,161.00 en febrero de 2024, y la pensión promedio por vejez ronda los RD$17,200, cifras que muchos consideran insuficientes para cubrir las necesidades básicas post-retiro, especialmente al comparar con el salario previo de los trabajadores.
Las comisiones cobradas por las AFP, aunque justificadas por costos operativos, merman significativamente los ahorros de los trabajadores. Un ejemplo ilustrativo: un trabajador con 30 años de aportes y un salario de RD$40,000 vería su fondo reducirse de un posible RD$4,705,961 a RD$3,851,520 debido a las comisiones, resultando en una pensión mensual de solo RD$16,048, muy por debajo de lo esperado sin estas deducciones.
Además, la transparencia en la gestión de los fondos es cuestionada, especialmente en relación con las inversiones que, aunque benefician a la economía nacional al financiar proyectos estatales y privados, no parecen generar retornos proporcionales para los afiliados. La inversión de los fondos en bonos del Estado y en empresas privadas es significativa, pero el acceso de los trabajadores a estos ahorros es limitado y burocrático.
El sistema también muestra exclusiones notables. Más de 3 millones de afiliados no cotizantes y la baja aprobación de solicitudes de pensión por discapacidad y sobrevivencia evidencian problemas de acceso y equidad. La falta de claridad sobre qué ocurre con los fondos de aquellos que no cotizan actualmente es otro punto de preocupación.
Este contraste entre las ganancias de las AFP y el beneficio al trabajador plantea una reflexión sobre el diseño del sistema: ¿Está realmente orientado a garantizar un retiro digno para los trabajadores, o se ha convertido en un mecanismo que prioriza las ganancias administrativas? La sostenibilidad del sistema es crucial, pero también lo es asegurar que los ahorros acumulados de los trabajadores se traduzcan en un retiro seguro y justo.
