La presentadora Mariasela Álvarez y la comunicadora Diana Lora se pronunciaron frente a una campaña de difamación que las acusa de recibir pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para promover agendas políticas, incluida la desestabilización del gobierno dominicano y la fusión con Haití. Los señalamientos, iniciados por un usuario en redes sociales radicado en EE.UU., también involucran a otros periodistas como Huchi Lora, Marino Zapete y Altagracia Salazar .
Álvarez negó rotundamente las acusaciones: “Yo jamás he cobrado un salario de la USAID. No conozco el trabajo en República Dominicana de la USAID, ni tengo relaciones con autoridades norteamericanas”. Aclaró que sus ingresos provienen exclusivamente de su trabajo en medios y eventos públicos, y calificó los rumores como “injuria sin pruebas” 10. Además, destacó que la campaña se basó en una tergiversación de declaraciones de Donald Trump, quien en 2024 criticó el uso de fondos estadounidenses para “noticias falsas” vinculadas a los demócratas, sin mencionar a República Dominicana.
Lora señaló que la difamación surgió tras declaraciones del vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que vinculó la pérdida electoral de su partido en 2020 a una supuesta conspiración financiada por USAID durante el gobierno de Trump. “Nos acusan de organizar la Marcha Verde con dinero extranjero, cuando todo fue financiado por el pueblo”, afirmó, recordando que la movilización ciudadana de 2019 fue autogestionada 10.
Ambas comunicadoras rechazaron la idea de que periodistas puedan desestabilizar gobiernos: “Un partido no pierde elecciones por culpa de la prensa, sino por sus actos de corrupción”, subrayó Lora, aludiendo a casos judiciales emblemáticos que involucran a figuras del PLD.
Apoyo institucional y llamado a la acción legal
La Fundación Zile respaldó a los periodistas afectados, denunciando que las falsas acusaciones buscan “transformar a Haití en un enemigo y tildar de traidores a quienes promueven relaciones armoniosas”. La organización destacó que los fondos de USAID en el país se destinan a salud, educación y desarrollo comunitario, no a agendas políticas 8.
Álvarez y Lora anunciaron acciones legales contra los difamadores, enfatizando que “el dinero deja rastros, y nadie ha mostrado un solo pago”. Además, abogaron por una legislación más estricta contra la desinformación en redes sociales, citando editoriales de medios locales que critican el uso de plataformas digitales como “cloacas para difamación” 10.
Las comunicadoras instaron a la sociedad a ejercer pensamiento crítico ante contenidos virales: “No todo lo que se publica merece ser creído. La ética y la verdad deben ser reglas inquebrantables”. Álvarez cerró con un mensaje firme: “El pueblo dominicano conoce nuestro trabajo honesto. Estamos unidos para defender nuestra dignidad”.
Este caso reaviva el debate sobre el equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad en línea, en un contexto donde figuras públicas y periodistas enfrentan crecientes ataques coordinados en el ámbito digital.
