En su programa «N Investiga», Nuria Piera abordó el tema de una supuesta lista de periodistas dominicanos acusados de recibir pagos de intereses extranjeros. Esta lista, que apareció inicialmente en la plataforma X (antes Twitter), ha provocado un escándalo sin precedentes, afectando la reputación de varios profesionales de la comunicación.
Piera resaltó que no existe ninguna prueba que respalde las acusaciones vertidas en la lista, calificando el incidente como un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para difamar sin consecuencias legales inmediatas. Señaló que, a diferencia de los medios tradicionales, las redes operan en un vacío legal que permite a cualquier persona, bajo el anonimato o la viralidad, difundir información falsa sin control.
La comunicadora criticó duramente a aquellos que, sin investigaciones ni dudas, repiten y amplifican estas falsedades, sugiriendo que su intención no es informar, sino dañar. Piera planteó que este fenómeno no es exclusivo de República Dominicana, sino un problema global donde las redes sociales se han convertido en herramientas para la manipulación, el acoso digital y la difamación.
Subrayó la necesidad de una evolución en los marcos legales para igualar la responsabilidad de quienes difunden noticias falsas en redes con la de los periodistas tradicionales, sin menoscabo del derecho a la libertad de expresión. Añadió que la rapidez con la que se propagan estas mentiras puede causar daños irreparables, aún cuando la información sea desmentida posteriormente.
Piera también hizo un llamado al gobierno para ser más selectivo en cuanto a la publicidad oficial, evitando así dar credibilidad a medios y personajes que buscan equiparar a profesionales serios con corruptos, fomentando la creencia de que todos tienen un precio.
Finalmente, expresó su apoyo a los periodistas afectados por esta falsa lista, lamentando el daño a su reputación y la dificultad creciente para la sociedad de distinguir entre información seria y desinformación.
Este caso, según Piera, subraya la urgencia de una regulación más efectiva y justa en el espacio digital y tradicional de la comunicación para proteger la integridad de los periodistas y la veracidad de la información.
