El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado hoy de una demanda en reparación patrimonial en contra de la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, quien enfrenta acusaciones de dolo e imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones. La controversia surge por su negativa a devolver un vehículo que, según se alega, fue incautado ilegalmente.
El caso involucra un vehículo modelo Grand Cherokee, color blanco, año 2018, identificado con chasis número 1C4RJEBG4C193720, placa y registro número 0421645, y matrícula número 8730044. La devolución de este automóvil fue ordenada por primera vez el 1 de diciembre de 2021 mediante la sentencia número 249-04-2021-SSEN-00289, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dirigida a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Sin embargo, la orden no fue acatada.
Ante la inacción, el 27 de abril de 2023, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reiteró la obligación de devolver el vehículo a su legítimo propietario mediante la sentencia número 501-2023-SSEM-00046. Aun así, la fiscal titular ignoró esta decisión. Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la sentencia número SCJ-SS-23-1316, rechazó un recurso de casación y confirmó la orden de entrega. A pesar de ser emplazada nuevamente el 14 de enero de 2025, Ramos Castillo no ha respondido, lo que ha sido calificado como un silencio cómplice.
El doctor Julio Cury, representante legal de la demandante, denunció que esta actitud «manifiestamente contraria a derecho» refleja un ejercicio consciente e inexcusablemente imprudente de poder. Según Cury, la reticencia de la fiscal a cumplir con las sentencias la expone a las consecuencias de los artículos 148 constitucional y 58 de la Ley número 107-13, lo que podría derivar en que sea declarada patrimonialmente responsable y condenada, junto con el Ministerio Público, a reparar los daños causados.
Por su parte, José Alberto Cruceta hijo, otro abogado de la demandante, enfatizó que la actuación de Ramos Castillo, carente de respaldo normativo, constituye una ilegalidad flagrante. «En un Estado democrático de derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada debe respetarse y cumplirse, aunque a algunos les resulte incómodo», afirmó.
El caso ha generado expectativas sobre las posibles sanciones y la reparación que podría enfrentar la fiscal titular, así como el Ministerio Público, en un proceso que pone en el centro del debate la obediencia a las decisiones judiciales y el respeto al debido proceso.
