El abogado Manuel Sierra afirmó que la magistrada Yeni Berenice Reinoso, recién elegida procuradora general de la República, atenderá estratégicamente las denuncias de corrupción porque es un ¨comodín¨ para que en los próximos dos años se le pueda volver a escoger en ese cargo.
¨Lógicamente tendrá en sus manos los expedientes que se han generado en esta nueva administración y los que ella arrastra de las administraciones pasadas. Va a buscar una especie de punto de equilibrio, así como procesos nuevos de las gestiones anteriores¨, expresó Sierra.
Argumentó que la magistrada tratará de buscar el discurso de la legitimidad social, tras destacar, que ojalá atienda los casos de corrupción y extienda eso a otros funcionarios del Estado que están también llamados a perseguirlos, pero que, a su juicio, están incurriendo en la comisión del delito de omisión viendo las cosas y dejándolas pasar.
¨Yo creo que ella, con la finalidad de legitimarse en la historia, va a atender todos los procesos y tiene que atenderlos, no es un asunto de voluntad, es que la Constitución y la Ley Orgánica así lo establecen¨, manifestó el jurista al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7.
En tanto, dijo que la nueva escogencia del procurador lo único que hizo fue extender un poco más la responsabilidad que tenía antes el Presidente de la República y que ahora ha buscado cinco personas para terminar haciendo la misma cosa.
Destacó que el procurador en todas partes del mundo es el brazo armado del Poder Ejecutivo, por lo que entiende que las garantías están en la persona no en la escogencia. ¨La persona es la que tiene que ser objetiva e imparcial. El procurador nunca será imparcial, pero por lo menos independiente¨, manifestó.
Consideró que el debido proceso en la gestión que ejerció Reinoso no tuvo la mayor garantía y que, como procuradora tiene más responsabilidades porque un procurador general de la República no es solamente para la persecución de casos de corrupción, es un funcionario del Estado que representa, inclusive, al que viola los propios derechos o aquellos que instituye la sociedad.
