En el 192 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebrado el pasado lunes, 3 de marzo, el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, de República Dominicana, y Transparencia Internacional de Brasil denunciaron la corrupción y la impunidad de la empresa brasileña Odebrecht.
En esta sesión que se efectuó de forma telemática, bajo el título “Obligaciones estatales de derechos humanos en contextos de corrupción”, Guilherme France de Transparencia Internacional de Brasil, afirmó que Odebrecht en el pasado exportó corrupción y ahora impunidad.
Explicó que los procesos y las sentencias del escandaloso caso de Lava Jato fueron suspendidos por la Corte Suprema del Brasil. Se ha producido un gran retroceso en la lucha contra la corrupción. Odebrecht y sus antiguos gerentes condenados por corrupción ahora gozan de impunidad, lo que ha abierto en otros países donde operó esta empresa presiones para que se suspendan condenas a funcionarios que recibieron sobornos de ésta, plantea France.
Por su parte, Euren Cuevas, en representación de INSAPROMA y del CNLCC, informó que a pesar de que Odebrecht cometiera en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina el acto de corrupción más grande ocurrido en toda la historia del país, el Ministerio Público no ha abierto ninguna investigación o proceso penal en su contra.
Señaló que la auditoría financiera forense dada a conocer en abril del año pasado, prueba que el Consorcio Odebrecht constituido además de esta empresa por el Grupo Maire Tecnimont y el Grupo Estrella, construyó a Punta Catalina con una sobrevaluación de más de mil millones de dólares.
Dijo que Odebrecht en diciembre de 2016, confesó que había pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y legisladores del país para obtener contratos de obras entre los años 2001 y 2014, y en el 2019 el Consorcio Internacional de Investigación Periodística publicó las pruebas de que la empresa había pagado 39 millones de dólares de sobornos para obtener el contrato de construcción de Punta Catalina.
“El informe que elaboramos conjuntamente con la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, pudo evidenciar cómo la contaminación generada por CTPC vulnera derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un ambiente sano y a una vida digna de la población de Peravia”, adujo en su comparecencia.
Agregó que los fallos estructurales de Punta Catalina identificados por la auditoría técnica forense, revelaron que han incrementado gravemente los niveles de contaminación de estas plantas.
“Según estudios en la vida útil de Punta Catalina con sus gases tóxicos y micropartículas provocaría enfermedades y el fallecimiento de más de 6 mil personas”, aseguró Cuevas.
En esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, intervinieron la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y Transparencia Internacional, TI, junto con varias de las seccionales de estas dos entidades en América Latina, para ilustrar el impacto de la corrupción en los derechos humanos con casos concretos, enfatizando la necesidad de dar un mayor espacio a las víctimas de la corrupción.
Entre las organizaciones que participaron en la audiencia, además de INSAPROMA, del CNLCC y de Transparencia Internacional de Brasil, están la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, Colectivos de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, Transparencia por Colombia, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, Acción Ciudadana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Los Tres Brazos
En la audiencia, la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), de República Dominicana, Juana Magaly Leison García, destacó que aunque la justicia devolvió a los habitantes de Los Tres Brazos las propiedades donde residen, aún los funcionarios que realizaron la venta ilegal y corrupta de estos terrenos no han sido castigados.
El grupo de organizaciones de la sociedad civil, reconoció en la audiencia pública regional de la CIDH que en América Latina la corrupción estructural está deteriorando la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, lo cual requiere mayor respuesta de los Estados.
Luciana Torchiano de Transparencia Internacional, TI, resaltó que “a pesar de la existencia de marcos legislativos extensos a nivel nacional y compromisos internacionales y regionales para luchar contra este mal, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2024 muestra una falta de avances y retrocesos significativos en varios países.
Visibilizar a las víctimas
Jimena Reyes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, enfatizó en su intervención la importancia de darle visibilidad a las víctimas de corrupción.
“El hecho de darle visibilidad al vínculo entre hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos nos permite ponerle una cara y circunscribir quienes son esas víctimas. Eso requiere romper los silos entre el mundo de los derechos humanos y el mundo de la lucha contra la corrupción y también documentar, denunciar, describir los hechos, los nexos causales y los impactos”, opinó Reyes.
Las organizaciones solicitaron de forma enérgica a la CIDH seguir visibilizando el impacto negativo de la corrupción.
En particular sugirieron a la Comisión incorporar en su planificación institucional un área específica de corrupción y derechos humanos, así como designar a uno de sus funcionarios como punto focal y especialista en el tema, como propuso Ramiro Orias, de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, contribuyendo así al crucial reconocimiento de las víctimas de corrupción como víctimas de violaciones a los derechos humanos.
