Un año después de que Ariel Henry anunciara su dimisión como primer ministro, Haití está en punto muerto. No encuentra el rumbo, sigue empantanado en una crisis que no deja de empeorar con el paso de los días y que parece no tener salida.
Ha pasado un año desde que Henry, en un mensaje a la nación desde el extranjero, comunicara que renunciaría al cargo en cuanto hubiera un Consejo Presidencial de Transición (ente que finalmente quedó instalado en abril) porque «ningún sacrificio es demasiado grande para nuestro país», el cual, dijo, «necesita paz, estabilidad, un desarrollo duradero».
El anuncio se produjo en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, que en la capital incendió comisarías de policía, escuelas, universidades e incluso farmacias y centros de salud públicos y privados, una escalada de la violencia desatada cuando el entonces primer ministro estaba en el extranjero.
Henry había viajado a Kenia para tratar sobre el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por ese país y no pudo volver a Haití debido al cierre durante semanas del principal aeropuerto de Puerto Príncipe, objetivo del ataque de las bandas.
Las negociaciones entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil desembocarían en abril de 2024 en un acuerdo político que preveía la creación del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y que posteriormente elegiría a un nuevo primer ministro.
Desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, Henry era el único dirigente en el país y no imaginaba que un día le empujarían a abandonar el poder.
Ahora, doce meses después, sigue sin poder regresar oficialmente a casa. Aparte de algunos vídeos caseros que circulan por las redes sociales y que han permitido a los haitianos verle salir de un supermercado en Estados Unidos, nada ha vuelto a saberse de él ni ha aparecido desde entonces en los medios de comunicación.
Violencia, crisis y caos, protagonistas en Haití
Durante su gestión, Henry ni siquiera logró cumplir un tercio de sus promesas, entre ellas el restablecimiento de la seguridad, la reforma de la Constitución, la realización de un referéndum y la celebración de elecciones generales, unas misiones que ahora recaen en el CPT.
Desde la salida de Henry, la seguridad no ha dejado de deteriorarse tanto en el área metropolitana de Puerto Príncipe como en ciudades de provincia, con unas bandas cada vez más violentas contra la población civil.
Los grupos armados, de norte a sur y de este a oeste, multiplican la toma de territorios, los ataques, las violaciones y los robos, mientras que al menos el 85 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe está bajo control directo o indirecto de las pandillas.
También se ha agravado la crisis humanitaria y prácticamente se ha duplicado el número de personas desplazadas (ya superan el millón), muchas de las cuales viven en campamentos improvisados en condiciones inhumanas, sin servicios básicos como agua y atención sanitaria.
Tampoco es seguro que puedan celebrarse las elecciones previstas inicialmente para noviembre próximo debido al deterioro del clima de seguridad, pese a la presencia desde finales de junio pasado de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).
Las operaciones de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Haití y la MSS, tanto en Puerto Príncipe como en ciudades de provincia, siguen sin lograr doblegar a las bandas, que no hacen más que ganar fuerza y apoderarse de nuevos territorios.
Frente a ello, las sucesivas autoridades, primeros ministros, ministros y presidentes del Consejo Presidencial de Transición insisten en unas promesas que no terminan de llegar a buen puerto, mientras la población muestra su impaciencia por poder vivir en paz.
A todo ello se suma la crisis socioeconómica y la inseguridad alimentaria que aumenta, en gran parte por los peajes de los pandilleros en las carreteras que obligan a los conductores a pagar grandes sumas.
Esto hace que aumente la inflación y que lleguen a multiplicarse por 5 e incluso por 10 los precios de los productos de primera necesidad en una economía moribunda en la que muchas empresas privadas han cerrado, lo que reduce la posibilidad de trabajar.
Aunque la transición debería concluir el 7 de febrero de 2026, con la llegada de autoridades elegidas en las urnas tras diez años sin comicios, hay muchas dudas de que finalmente pueda ser así en un país en el que la violencia se cobró solo en 2024 más de 5.600 vidas.
