El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, presidido por el magistrado Julio Aybar, junto a los magistrados Flor Bautista e Isaías Martínez, dictó una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra José Antonio Cabrera Frías, por los delitos de robo agravado y asociación de malhechores. Este fallo se produjo tras una investigación exhaustiva realizada por la Unidad Antisecuestro, dependiente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santo Domingo Este, que logró reunir pruebas contundentes para sustentar la acusación.
Cabrera Frías, quien simulaba ser chofer de transporte público, operaba junto a otros dos hombres aún no identificados. Su modus operandi consistía en engañar a las víctimas, maniatarlas, robarles sus pertenencias a punta de pistola y golpearlas, en lo que se conoce como raptos exprés. Estas acciones generaron un daño psicológico comprobado en las víctimas, así como un impacto social negativo, según valoraron los magistrados basándose en la sana crítica y la credibilidad de las pruebas.
El acusado ya tenía antecedentes penales, pues en diciembre de 2020 fue condenado por la Fiscalía del Distrito Nacional con penas suspensivas, lo que le permitió continuar con sus actividades delictivas. Incluso, recientemente fue sometido por otro caso de estafa mientras cumplía condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El proceso contó con el apoyo técnico de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI) de la Policía Nacional y la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público. Además, las víctimas recibieron asistencia legal de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC), cuyos abogados lograron que se impusiera una indemnización de un millón de pesos (RD$ 1,000,000.00) a favor de las afectadas.
La Unidad Antisecuestro, adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigida por la procuradora Ramona Nova, destacó la importancia de esta sentencia como parte de los esfuerzos para combatir la delincuencia y garantizar justicia. Los litigantes del Ministerio Público en este caso fueron los licenciados Claudio Cordero (de la Unidad Antisecuestro) y Evelyn Quezada (de la Fiscalía de Santo Domingo Este).
Esta sentencia representa un avance significativo en la lucha contra los delitos de secuestro exprés y robos agravados, reforzando el compromiso del sistema judicial con la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas.
