Un día cualquiera en Kenia, decenas, si no es que cientos de mujeres van de un lado para otro en la zona de salidas del aeropuerto internacional de Nairobi. Se agrupan para tomarse selfis con camisetas iguales, hablando de cómo gastarán el dinero de sus nuevos empleos en Arabia Saudita.
Atraídas por reclutadores de empresas y alentadas por el gobierno de Kenia, estas mujeres tienen motivos para sentirse optimistas. Si pasas dos años en Arabia Saudita como empleada doméstica o niñera —asegura la oferta— podrás ganar lo suficiente para construir una casa, educar a tus hijos y ahorrar para el futuro.
Mientras la terminal de salidas rebosa de expectación, la zona de llegadas es donde la esperanza se encuentra con la cruda realidad. Regresan mujeres de rostros demacrados, a menudo abatidas por salarios no pagados, golpizas, hambre y agresiones sexuales. Algunas vuelven sin un centavo. Otras, en ataúdes.
Al menos 274 trabajadores kenianos, en su mayoría mujeres, han muerto en Arabia Saudita en los últimos cinco años, una cifra extraordinaria para una fuerza laboral joven que trabaja en empleos que en la mayoría de los países se consideran extremadamente seguros. El año pasado murieron al menos 55 trabajadores kenianos, el doble que el año anterior.
Los informes de las autopsias son ambiguos y contradictorios. Describen a mujeres con señales de traumatismos, incluidas quemaduras y descargas eléctricas, todas etiquetadas como muertes naturales. La causa de la muerte de una mujer fue simplemente “muerte cerebral”. También ha muerto un número desconocido de ugandeses, pero su gobierno no publica ningún dato.
Hay personas que se supone que deben proteger a estas mujeres: funcionarios del gobierno como Fabian Kyule Muli, vicepresidente del comité laboral de la Asamblea Nacional de Kenia. Este poderoso comité podría exigir investigaciones exhaustivas sobre las muertes de trabajadoras, presionar al gobierno para que negocie mejores protecciones con Arabia Saudita o aprobar leyes que limiten la migración hasta que se promulguen reformas.
Pero Muli, igual que otros funcionarios de África Oriental, también tiene una empresa de contratación de personal que envía mujeres a Arabia Saudita. Una de ellas, Margaret Mutheu Mueni, dijo que su jefe saudita había declarado que la había “comprado”, se había apoderado de su pasaporte y con frecuencia le retenía la comida. Cuando llamó a la agencia de empleo para pedir ayuda, afirmó, un representante de la empresa le dijo: “Puedes nadar a través del mar Rojo y regresar a Kenia”.
Una investigación de The New York Times encontró que en Kenia, Uganda y Arabia Saudita los poderosos tienen incentivos para mantener el flujo de trabajadores, a pesar de los abusos generalizados. Miembros de la familia real saudí son importantes inversores en agencias que colocan a trabajadores domésticos. Los políticos y sus parientes de Uganda y Kenia también tienen agencias de colocación.
La línea que divide sus funciones públicas de las privadas a veces se difumina.
El comité laboral de Muli, por ejemplo, se ha convertido en una voz destacada que anima a los trabajadores a irse al extranjero. En ocasiones, el comité ha rechazado pruebas de abusos.
El mes pasado, cuatro ugandesas con uniformes de empleadas domésticas enviaron una súplica en video a un grupo de ayuda, diciendo que llevaban seis meses detenidas en Arabia Saudita.
“Estamos agotadas por estar retenidas contra nuestra voluntad”, decía una de ellas en el video. La empresa que la envió al extranjero es propiedad de Sedrack Nzaire, un funcionario del partido gobernante de Uganda, a quien los medios de comunicación ugandeses identifican como hermano del presidente, Yoweri Museveni.
Casi todas las agencias de personal se negaron a responder a las preguntas o ignoraron las reiteradas peticiones de comentarios. Eso incluye a Muli, a Nzaire y a sus empresas.
Kenia y Uganda están sumidas en una recesión económica desde hace varios años, y las remesas de los trabajadores extranjeros son una fuente importante de ingresos. Incluso después de que otros países negociaran acuerdos con Arabia Saudita que garantizaban la protección de los trabajadores, los países de África Oriental perdieron oportunidades de hacer lo mismo, según los registros.
La Comisión de Justicia Administrativa de Kenia declaró en 2022 que los esfuerzos de protección de los trabajadores se habían visto obstaculizados por “la interferencia de políticos que utilizan apoderados para dirigir los organismos”.
Sin inmutarse, el presidente de Kenia, William Ruto, afirma que en los próximos años quiere enviar hasta medio millón de trabajadores a Arabia Saudita. Moses Kuria, uno de sus principales asesores, ha sido propietario de una agencia de empleo. El hermano de Kuria, un político de nivel local, aún lo es.
Hussein Mohamed, un portavoz de Ruto, dijo que la migración laboral beneficiaba a la economía. Afirmó que el gobierno estaba tomando medidas para proteger a los trabajadores, incluyendo la eliminación de las empresas de contratación que no tienen licencia, las cuales tienen más probabilidades de incurrir en malas prácticas. Dijo que Kuria, el asesor presidencial, no tenía ningún conflicto de intereses porque no trabaja en asuntos laborales.
En Uganda, entre los propietarios de empresas de contratación se encuentran un funcionario de alto rango de la policía recientemente jubilado y el general de división Leopold Kyanda, exagregado militar en Estados Unidos.
Las empresas de contratación colaboran estrechamente con agencias sauditas que están igualmente bien conectadas. Descendientes del rey Faisal han figurado entre los principales accionistas de dos de las mayores agencias. Un director de una junta de derechos humanos del gobierno saudita es vicepresidente de una importante agencia de contratación. Lo mismo ocurre con un exministro del Interior, un funcionario del Ministerio de Inversiones y varios asesores del gobierno.
Juntas, estas agencias pintan un panorama prometedor del trabajo en Arabia Saudita. Pero cuando las cosas salen mal, dicen las familias, a menudo se abandona a los trabajadores a su suerte.
Eunice Achieng, una empleada doméstica keniana, llamó a casa aterrorizada en 2022, diciendo que su jefe había amenazado con matarla y arrojarla a un depósito de agua. “Gritaba: ‘¡Por favor, vengan a salvarme!’”, recuerda su madre. Poco después, Achieng apareció muerta en un tanque de agua de la azotea, dijo su madre. Las autoridades sanitarias sauditas dijeron que su cuerpo se encontraba demasiado descompuesto para determinar cómo murió. La policía saudita la calificó de “muerte natural”.
Una joven madre saltó del techo de un tercer piso para escapar de un empleador abusivo, rompiéndose la espalda. Otra dijo que su jefe la había violado y luego la había enviado a casa embarazada y sin dinero.
En Uganda, Isiko Moses Waiswa dijo que cuando se enteró de que su esposa había muerto en Arabia Saudita, su empleador allí le dio a elegir: su cuerpo o sus 2800 dólares de salario.
“Le dije que me enviara el dinero o no, yo lo que quiero es el cuerpo de mi esposa”, dijo Waiswa.
Una autopsia saudita reveló que su esposa, Aisha Meeme, estaba raquítica. Tenía numerosos hematomas, tres costillas rotas y lo que parecían ser graves quemaduras por electrocución en la oreja, la mano y los pies. Las autoridades sauditas declararon que había muerto por causas naturales.
Aproximadamente medio millón de trabajadores kenianos y ugandeses se encuentran actualmente en Arabia Saudita, según el gobierno de ese país. La mayoría son mujeres que cocinan, limpian o cuidan niños. Periodistas y grupos de derechos, que llevan mucho tiempo denunciando los abusos contra los trabajadores en el reino, han culpado repetidamente de su persistencia a las arcaicas leyes laborales sauditas.
El Times entrevistó a más de 90 trabajadores y familiares de personas que murieron, y descubrió otra razón por la que las cosas no cambian. Utilizando contratos de trabajo, historiales médicos y autopsias, los reporteros vincularon las muertes y lesiones con las agencias de empleo y con quien las dirige. Lo que quedó claro fue que hay personas poderosas que se benefician del sistema tal como existe.
Las entrevistas y los documentos revelan un sistema que trata a las mujeres como artículos domésticos: se compran, se venden y se desechan. Algunos sitios web de empresas tienen un botón de “añadir a la cesta” junto a fotos de trabajadoras. Una anuncia “criadas kenianas en venta”.
Un portavoz del ministerio de recursos humanos de Arabia Saudita dijo que este había tomado medidas para proteger a las personas que trabajan. “Cualquier forma de explotación o abuso de las trabajadoras domésticas es totalmente inaceptable, y las denuncias de este tipo de conducta se investigan a fondo”, escribió el portavoz, Mike Goldstein, en un correo electrónico.
Goldstein dijo que el gobierno había aumentado las multas por malos tratos y facilitado la renuncia de los trabajadores. Dijo que a las personas trabajadoras del hogar se les limitaba la jornada laboral a 10 horas y se les garantizaba un día libre a la semana. Dijo que ahora el gobierno exige a los empleadores que les paguen a través de un sistema en línea y que algún día rastreará a quien infrinja repetidamente las leyes laborales.
“Los trabajadores tienen muchas vías para denunciar abusos, salarios no pagados o violaciones de contrato, como líneas telefónicas, plataformas digitales y mecanismos de denuncia directa”, dijo.
No obstante, Milton Turyasiima, comisario adjunto del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social de Uganda, afirmó que se seguían cometiendo abusos sin control.
“Recibimos denuncias todos los días”, dijo.
Vendiendo un sueño
Los reclutadores cubren toda África Oriental, desde los pueblos empobrecidos de las colinas hasta los barrios de bloques de hormigón de Nairobi y Kampala, la capital ugandesa.
Buscan personas lo suficientemente desesperadas y ambiciosas como para dejar a sus familias por trabajos mal pagados en un país cuya lengua materna no hablan. Personas como Faridah Nassanga, una mujer delgada con un aire cálido pero distante.
“Somos muy pobres”, dijo Nassanga, sentada frente a su casa de concreto de una sola habitación en Kampala. Las comidas se cocinan en una estufa de propano en el callejón, junto a una canaleta de aguas residuales. Ella comparte una litera de tres camas con su madre y sus hijos.
Nassanga explicó que en 2019 una persona cercana le presentó a un agente de la Agencia Internacional de Contratación Marphie, cuyo copropietario, Henry Tukahirwa, se jubiló recientemente como uno de los policías de más alto rango de Uganda. Nassanga aceptó mudarse a Arabia Saudita por un trabajo que pagaba alrededor de 200 dólares al mes.
Su trabajo de empleada doméstica le resultó tan agradable como los reclutadores le habían prometido. Tenía su propia habitación. La mujer para la que trabajaba a veces hasta la ayudaba con sus tareas.
Sin embargo, dijo, un día el marido de su jefa entró en su habitación y la violó. Después le dio patadas y bofetadas, relató, y mientras ella huía a la cocina, él le lanzó su propia ropa interior.
Cuando quedó embarazada, la jefa de Nassanga la acusó de haber tenido sexo con su marido. La familia saudita la envió en un avión de vuelta a Uganda, dijo Abdallah Kayonde, quien dirige un grupo de ayuda legal que intenta conseguir una indemnización para ella.
Nassanga conoce el nombre de su empleadora, pero no su número de teléfono. Los únicos registros que tiene son los de la agencia de contratación.
Ruth Karungi, quien es propietaria de la agencia junto con su marido, el funcionario de policía jubilado, dijo que cuando Nassanga se presentó en la oficina con un bebé, la empresa se puso en contacto con la agencia saudita asociada, pero esta no respondió.
La empresa avisó entonces a la embajada saudita. “Confiábamos en que abordarían el caso a través de los canales diplomáticos adecuados”, dijo Karungi por correo electrónico.
No sabía si alguien le había dado seguimiento al caso, agregó.
Ahora, Nassanga está de vuelta, compartiendo una casa de una sola habitación con su madre, sus dos hijos mayores y su hijo pequeño, un niño de tez y pelo notablemente diferentes a los de sus hermanos.
Arabia Saudita, ‘un destino importante’
Arabia Saudita tiene una jerarquía salarial para los trabajadores extranjeros. Las personas de África Oriental están casi hasta abajo, con entre 200 y 250 dólares al mes.
A lo largo de los años, algunos países han luchado por mejorar los salarios y la protección de sus trabajadores. Filipinas, por ejemplo, negoció un acuerdo con Arabia Saudita en 2012 que aumentó los salarios.
Eso hizo que las agencias de empleo buscaran mano de obra más barata en otros lugares.
Pocos trabajadores ugandeses llegaron al reino en 2017, según datos del gobierno ugandés. Cinco años después, la cifra era de 85.928.
Los gobiernos africanos tenían mucho que ganar con las remesas. En 2019, el comité de Muli pidió a Kenia “emprender una campaña rigurosa para promocionar a Arabia Saudita como un destino importante para el empleo extranjero”.
“La idea actual de que los trabajadores extranjeros en Arabia Saudita enfrentan sufrimientos” debía ser “corregida”, agregó el comité.
