Empresas energéticas como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni confirmaron que fueron notificadas de la revocatoria de las licencias de Estados Unidos que permitían operar en Venezuela pesa a sanciones impuestas a ese país en 2019.
Venezuela había informado el domingo sobre la orden de la administración de Donald Trump, que ya había levantado previamente la licencia a la estadounidense Chevron en medio de tensiones entre Caracas y Washington, que busca asfixiar económicamente al gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro.
Maurel & Prom «recibió una notificación» del «departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechada el 28 de marzo de 2025», diciendo que «la licencia específica acordada en mayo de 2024 para sus actividades en Venezuela fue revocada», informó la compañía en un comunicado.
El grupo francés aclaró que obtuvo «una licencia de transición» hasta el 27 de mayo para «la conclusión de las operaciones cubiertas por la licencia».
La italiana Eni también confirmó «haber sido notificada» de que las autoridades estadounidenses «ya no autorizarán» sus operaciones en Venezuela, si bien llamó a un «diálogo transparente» para «identificar opciones».
Un vocero de la española Repsol, a su vez, dijo «buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad».
Estados Unidos no había especificado cuáles eran las empresas afectadas en su política de recrudecimiento de sanciones tras la revocación de la licencia a Chevron, pero los expertos esperaban una medida similar en los casos de estas compañías.
«Hemos mantenido comunicación fluida con las empresas trasnacionales de petróleo y gas que operan en el país, y que han sido notificadas en las últimas horas por el gobierno de los EEUU sobre la revocatoria de sus licencias», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un comunicado en Telegram.
The Wall Street Journal también dijo el sábado que Washington ordenó a Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III abandonar Venezuela.
Con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, pero vio caer su producción tras años de mala gestión, corrupción y las sanciones estadounidenses de 2019.
El PIB venezolano se hundió 80% en ocho años consecutivos de recesión, entre 2014 y 2021, en medio de la fuerte caída de los precios del petróleo y su producción.
Actualmente produce cerca de un millón de barriles diarios y en la operación Chevron ayudaba con 220.000, Repsol con unos 60.000 y Maurel & Prom con entre 20.000 y 25.000 bd.
Las empresas fueron autorizadas para operar en Venezuela durante la administración del demócrata Joe Biden.
– «Estábamos preparados» –
«Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas», añadió Rodríguez, calificando a Venezuela como un «socio confiable».
El país es el tercer país proveedor de petróleo a Estados Unidos, después de Canadá y México, según la Agencia de Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había dado plazo hasta el 3 de abril a Chevron para liquidar sus operaciones en Venezuela, pero el lunes publicó la licencia 41B para extender el lapso hasta el 27 de mayo.
Horas antes el mismo lunes, el gobierno de Trump anunció aranceles del 25% para los países que compren petróleo o gas venezolano.
En la nueva licencia a Chevron hay una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.
Chevron no podrá pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», ni dividendos a PDVSA, ni a ninguna compañía en la que esta posea, «directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%».
También prohíbe la venta de petróleo o productos petroleros «a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos» y transacciones con empresas controladas por compañías de Rusia.
Trump presiona al gobierno de Maduro, a quien desconoce como presidente tras denuncias de fraude en las elecciones de 2024.
Rodríguez agregó que Venezuela está abierta a las inversiones nacionales e internacionales.
Las «empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero» para trabajar en Venezuela debido a que este país no «reconoce» jurisdicción «extraterritorial alguna», apuntó.
