El abogado experto en derecho constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, afirmó que lo que ha pasado en el sector el Hoyo de Friusa, en el paraje de Bávaro del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, no sólo es responsabilidad del actual Gobierno, sino también de todos los que anteriormente han ejercido funciones públicas y del empresariado.
Castillo Pantaleón explicó que cuando los enclaves de inmigrantes están conformados por ilegales existe una responsabilidad directa de la autoridad gubernamental, que tiene a su cargo el control migratorio, tras destacar, que el ingreso, permanencia y salida de extranjeros es una competencia exclusiva del Estado.
El jurista responsabiliza también al empresariado, que según dijo, ha aprovechado la mano de obra haitiana para eludir los costos de la seguridad social, de las contribuciones y de las retenciones que debe hacer, porque la higiene y la seguridad del trabajo están exentas. ¨Las regulaciones mínimas de la legislación laboral se incumplen¨, deploró.
Entrevistado en Toque Final con el periodista Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7, Castillo Pantaleón indicó que, además, en esos sitios florecen las ¨comunidades religiosas¨, conformándose todo un mercado de la fe y de la iglesia tradicional que drena recursos.
Reiteró que no se puede distraer la responsabilidad y culpa de los gobiernos en ese tipo de enclaves de inmigrantes como el Hoyo de Friusa y más de cien comunidades identificadas en el país que han aprovechado espacios públicos, que en la mayoría de los casos son lugares inadecuados para la habitabilidad humana.
En ese sentido, dijo que hasta en vertederos abandonados hay comunidades de haitianos, donde existe una economía de ilicitudes, tras indicar, que cuando se asientan por mucho tiempo pueden llegar a creer que su ocupación ilegal genera una especie de derecho, de subcultura, etc.
Destacó que los enclaves de inmigrantes indocumentados haitianos son atraídos por oferta poco regulada de espacios de trabajo, reflejando una de las facetas más tristes del capitalismo con un círculo vicioso de miseria, aislamiento y exclusión por las condiciones socioculturales y económicas de tales comunidades.
El exjuez precisó que la sociedad moderna va reduciendo ese tipo de situación marginal y los gobiernos confrontados por sus múltiples malas consecuencias, ya que el tema migratorio es un eje transversal que termina afectando a todos los servicios públicos, tales como la educación, la seguridad, la salud, el equilibrio medio ambiental, el transporte, el derecho al trabajo, entre otros.
¨No hay una sola parte de los servicios públicos que no termine impactado por ese tipo de situación¨, consideró Castillo Pantaleón.
Enfatizó que la sobreoferta de mano de obra ilegal y la falta de supervisión gubernamental para verificar el cumplimiento del Artículo 135 del Código de Trabajo, es el teatro o escenario del oportunismo, ambición y codicia que circunda la acumulación originaria de capital.
Precisó que a los empresarios agrícolas y de la construcción les interesa la disminución de costos y que gran parte del sindicalismo organizado es otra farsa. ¨Tan culpables de esa situación son los gobernantes que tienen a su cargo dirigir las políticas públicas y crear las condiciones para que el dominicano tenga adecuadas condiciones de trabajo y dignidad¨, expresó el jurista.
En tanto, explicó que originalmente la denuncia de Amnistía Internacional era contra las desapariciones, presos políticos y torturas, pero que con el tiempo se ha convertido en herramienta de presión a los gobiernos para que asuman agendas y está totalmente desacreditada, denunciada en multiplicidad de ocasiones como una verdadera farsa.
¨Las acusaciones de Amnistía Internacional contra la República Dominicana son parte de esa coreografía para que absorba la mayor cantidad posible de población haitiana, que no vaya a otros destinos, sino a este país¨, agregó.
