En una mesa de diálogo sobre la seguridad de este municipio de la provincia de Santiago de los Caballeros, fueron hechas graves denuncias sobre una supuesta complicidad de agentes policiales en el tráfico de drogas en esta zona de la región del Cibao.
Presidida por la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jáquez, y respaldada por el alcalde Anyolino Germosén, autoridades policiales, concejales, líderes comunitarios y representantes de partidos políticos, en la reunión abundaron las quejas y exigencias, con la sala capitular del Cabildo como escenario.
De acuerdo a Roberto Antonio Pérez, según el fiscal Manuel Wichardo Pichardo, las drogas se venden aquí con más facilidad que el arroz, convirtiendo las calles en un mercado sin ley donde el narcotráfico pisa fuerte y la ley parece caminar de puntillas.
CORRUPCIÓN Y COMPLICIDAD
En tanto que el sacerdote Javier Báez Jorge, cura párroco del municipio, clamó por una reforma urgente de la Ley 50-88, sobre Control de Drogas, pues considera que la lucha contra el narcotráfico está atrapada en un ciclo de corrupción y complicidad.
“Atrapan a los distribuidores, pero el dinero los libera como si fueran aves enjauladas a las que el oro les compra las alas para que sigan volando con toda libertad”, sentenció.
Las palabras del Cura y del Fiscal resonaron en la mesa de diálogo, un espacio que se ha convertido en la esperanza de muchos, pero que aún debe demostrar su poder más allá de los discursos.
Se denunció la existencia de puntos de venta de droga operando inclñuso con la complicidad de agentes de la DNCD, quienes alegadamente protegen a los traficantes más que a la comunidad.
Entre el miedo y la valentía, representantes de distintos sectores exigieron respuestas, dejando claro que ya no quieren vivir bajo el yugo del narcotráfico.
