Bávaro, República Dominicana. – El Gobierno dominicano continuó este sábado con un amplio operativo de control migratorio y seguridad en el sector de Friusa, ubicado en el distrito turístico de Bávaro, como parte de su estrategia nacional para el ordenamiento territorial y el cumplimiento de la Ley General de Migración.
La intervención, liderada por el vicealmirante Lee Ballester, contó con un masivo despliegue de efectivos militares y policiales, en coordinación con la Dirección General de Migración, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Investigación de Tránsito (CIUTRAN), así como agencias de inteligencia.
Durante la jornada, más de 300 personas en condición migratoria irregular fueron detenidas y trasladadas para su verificación y posterior repatriación, siguiendo los protocolos establecidos. Las autoridades reforzaron los accesos al área, instalaron puntos de control y realizaron patrullajes constantes para garantizar la efectividad del operativo.
Continuidad de acciones en zonas críticas
Este operativo forma parte de las intervenciones iniciadas esta semana en Friusa y sectores aledaños como Mata Mosquito, Villa Playwood y Haití Chiquito, zonas identificadas por su alta concentración de migrantes irregulares. El Gobierno busca así fortalecer el control en espacios urbanos vulnerables, donde se han reportado problemas de convivencia, seguridad y competencia laboral desleal.
Respaldo comunitario y garantías de derechos humanos
Las autoridades destacaron que las acciones se ejecutan con estricto respeto a los derechos humanos y en cumplimiento del marco legal vigente. Además, resaltaron el apoyo de las comunidades locales, que han visto en estas intervenciones una respuesta a las demandas planteadas durante la reciente «Marcha Patriótica» realizada en la zona.
El Gobierno reafirmó su compromiso de mantener estos operativos en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el estricto cumplimiento de las leyes migratorias.
Este operativo refuerza la política de «regularización ordenada» impulsada por las autoridades, buscando equilibrar el desarrollo urbano y la seguridad en una de las zonas turísticas más importantes del país.
