El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que imponga una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de liderar el entramado de corrupción administrativa que distrajo del erario más de RD$5,000 millones.
El órgano acusador, además, requirió que Medina Sánchez fuera condenado al pago de 400 salarios mínimos.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Juan Alexis Medina Sánchez se dirigió a un entramado ilícito basado en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferrato.
En esa misma línea, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los procuradores fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, solicitaron ante las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.
Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez. Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para: Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
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El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otra Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, ya la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución. También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional. Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que las sentencias solicitadas son acordes con la gravedad de los hechos cometidos por parte de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, los cuales, conforme a las pruebas presentadas comprometen su responsabilidad penal.
Detalló que el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes obtenidos con fondos que fueron drenados del erario, mediante las contrataciones irregulares, probadas durante más de un año en que han cursado las audiencias del presente juicio.
En tal sentido, Mirna Ortiz, hizo un llamado a la reflexión en torno a los casos de corrupción. «En cada peso drenado al Estado debemos pensar en las obras inconclusas, niños sin acceso a la educación y personas que no encuentran medicamentos o camas en los hospitales. Tenemos que vernos a nosotros mismos, como parte del Estado dominicano, que contribuimos a través del pago de impuestos y que no merecemos que un grupo sea el que se aproveche y beneficie ilegítimamente de esos recursos».
Agregó “esperamos obtener las condenas que hemos solicitado y queda en manos del tribunal el otorgamiento de estas”.
explicó que el Ministerio Público ha demostrado con abundantes pruebas la existencia de una estructura criminal organizada que, a través de tráfico de influencias, testaferros, maniobras fraudulentas, contratos simulados y violaciones a las normas de contrataciones públicas, logró distraer millas de millones de pesos del erario en perjuicio de distintas instituciones del Estado.
Cargos que enfrentan los acusados
A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos y el uso de prestanombres. Se le imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser parte de esta red como prestanombre y representante de varias empresas del entramado liderado por Medina Sánchez, facilitando la circulación de fondos ilícitos y sirviendo como intermediario para la adquisición de bienes que luego eran colocados a nombre de terceros.
Wacal Vernabel Méndez Pineda también figura como prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando activamente en maniobras de lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes producto de las actividades ilícitas del entramado.
Fernando Aquilino Rosa Rosa, en su calidad de director del Fonper, permitió la adjudicación de contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas al acusado principal, facilitando el envío de recursos públicos en beneficio del grupo criminal.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y también funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y otras maniobras para beneficiario al entramado liderado por su hermano, incluyendo la aprobación de pagos irregulares desde esa entidad.
Mientras que Carlos José Alarcón se desempeñaba como contador y facilitador de las operaciones contables que permitieron encubrir las actividades ilícitas del grupo. Está acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental para maquillar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.
Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea fungía como representante de una de las empresas utilizadas por Alexis Medina para contratar con instituciones del Estado, participando en simulaciones de operaciones comerciales y ayudando a canalizar fondos del erario a través del esquema corrupto.
Lina Ercilia de la Cruz Vargas está acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos. Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro en parte de las operaciones de ocultamiento de bienes.
Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (a) Ángelo están acusados de lavado de activos y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez es acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez es acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
Rafael Antonio Germosén Andújar es acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
La procuradora general de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
