Jonathan Natera, quien luchaba por su vida en la unidad de Cuidados Intensivos del hospital Darío Contreras tras el derrumbe del centro nocturno Jet Set, falleció en las últimas horas, según confirmaron fuentes médicas. Su muerte eleva a 232 el número de víctimas mortales de la tragedia ocurrida en la madrugada del martes 8 de abril, cuando el techo del local colapsó durante una concurrida fiesta.
Natera, esposo de Angélica Álvarez Correa —quien también perdió la vida en el mismo suceso—, se había mantenido en estado crítico desde la noche del accidente. La pareja forma parte de la larga lista de familias destrozadas por el colapso, considerado uno de los peores desastres en espacios de entretenimiento de la historia reciente del país.
Con el deceso de Natera, las autoridades sanitarias reiteraron que varios heridos continúan ingresados en distintos centros de salud, algunos en condición delicada. Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas del derrumbe avanzan, aunque aún no se han revelado conclusiones definitivas. Las sospechas de negligencia en la construcción del lugar, señaladas previamente por testigos y expertos, siguen siendo el eje central de las pesquisas.
La tragedia ha generado indignación nacional, especialmente tras revelarse posibles fallas estructurales en el edificio. Durante un novenario organizado por la Diócesis Padre Montesinos, familiares y sobrevivientes exigieron justicia, exigencia que se ha intensificado con cada nueva víctima reportada. «Es inaceptable que la diversión se convierta en una trampa mortal por falta de supervisión», declaró recientemente un vocero comunitario.
El caso del Jet Set no solo ha expuesto grietas en infraestructuras, sino también en los mecanismos de regulación estatal. Mientras las autopsias y peritajes técnicos continúan, la sociedad reclama respuestas claras y sanciones ejemplares para evitar que hechos como este se repitan.
Por ahora, el dolor de las 232 familias enlutadas sigue siendo un recordatorio de la urgencia de justicia y reformas. La Diócesis y organizaciones civiles mantienen vigilias y acompañamiento a los afectados, mientras el país espera que las promesas de transparencia se traduzcan en acciones concretas.
