El jurista Valentín Medrano advirtió que las actuaciones fuera del marco legal por parte del Ministerio Público podrían comprometer la posibilidad de hacer justicia efectiva en torno a la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que hasta la fecha ha dejado 232 fallecidos y decenas de heridos.
En declaraciones ofrecidas al programa Panorama de la Mañana, transmitido por Panorama 96.9 FM, Medrano fue enfático al señalar que «todo cuanto se ha hecho en este proceso se está haciendo mal», al referirse a decisiones adoptadas por el órgano persecutor, como la presunta inmovilización de cuentas y bienes del empresario Antonio Espaillat, accionista del centro nocturno, en medio de la investigación.
Según explicó el abogado, el Ministerio Público estaría incurriendo en una «auto admisión de ilegalidad» al aplicar el artículo 23 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, cuando dicha norma no es procedente en este tipo de casos.
«La ley es clara. El artículo 23 sólo puede ser utilizado cuando se investiga un delito previsto en esa ley, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Y aquí no estamos ante ninguna de esas figuras», afirmó Medrano.
El jurista también alertó sobre la validez de los peritajes y levantamientos de pruebas ordenados fuera del marco del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entidad que, según la Ley 454-08, es la única autorizada a realizar experticias judiciales en el país. “Todo lo demás es inválido, aunque provenga de una buena intención”, apuntó.
Medrano sostuvo que las ilegalidades procesales podrían terminar afectando a las verdaderas víctimas de la tragedia, al abrir la puerta a nulidades judiciales o a la inadmisibilidad de pruebas clave. “Un hecho ilícito no puede producir consecuencias legales. El Ministerio Público no puede actuar para las cámaras, tiene que actuar para los tribunales”, dijo.
Además, se refirió a la posible afectación del derecho a reparación de las familias de las víctimas y los sobrevivientes. Afirmó que “si las actuaciones ilegales contaminan el proceso, se corre el riesgo de que muchos no puedan acceder a la justicia que merecen”.
Indemnizaciones: sin tope, pero con criterio
Consultado sobre las eventuales demandas civiles, el jurista explicó que no existe un tope legal para la compensación económica, y que corresponderá a los jueces valorar caso por caso.
“No es lo mismo la vida de un pelotero millonario como el que lamentablemente perdió la vida, que la de un jornalero.
Aunque todos somos iguales ante la ley, hay diferencias patrimoniales y funcionales que inciden en el cálculo de la indemnización”, explicó Medrano, quien también recordó que personas lesionadas, empleados afectados, negocios vecinos e incluso el propio Estado podrían constituirse en parte civil.
Una tragedia de múltiples aristas
Durante su intervención, Medrano resaltó la complejidad del caso y la multiplicidad de víctimas directas e indirectas, desde familiares de los fallecidos hasta instituciones escolares con estudiantes huérfanos.
“El drama humano es inmenso. El gobierno ha tenido buena voluntad, pero eso no basta. Aquí no hay forma de maquillar la verdad ni de esquivar responsabilidades. La magnitud social y económica de esta tragedia obliga a actuar con absoluta corrección jurídica”, sentenció.
Finalmente, hizo un llamado al Ministerio Público para que se mantenga dentro del marco legal y se abstenga de emprender acciones que, aunque puedan lucir efectistas desde lo mediático, comprometen el debido proceso.
“El país necesita justicia, no relaciones públicas”, concluyó.
