El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron al Tribunal Superior Administrativo que ordene al presidente de la República, Luís Abinader y a sus ministros cumplir y aplicar la Constitución, las leyes y convenios internacionales relativos a la descarbonización y la transición energética justa.
Las organizaciones depositaron en el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo de cumplimiento después de que remitieran el acto número 51/2025 de solicitud de información y advertencia el pasado seis de febrero, mediante el cual se puso en mora a los impetrados para que presenten los documentos, proyectos y políticas de aplicación efectiva del artículo 67, numeral 3 de la Constitución, el Acuerdo de París, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de incentivos a las energías renovables, todas relativas al uso prioritario de energía limpia y a la transición energética.
Además del presidente Abinader, las organizaciones citan en el amparo de cumplimiento como agraviantes al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, y al director de la Comisión Nacional de Energía, CNE, Edward Antonio Veras.
También al superintendente de la Superintendencia de Electricidad, SIE, Andrés Enmanuel Astacio Polanco, y al vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, CNCCMDL, Maximiliano Puig Miler.
El jurista Euren Cuevas Medina, quien encabeza la barra de abogados que formuló la solicitud, en su condición de director ejecutivo de INSAPROMA, manifestó que la Constitución de la República ordena la promoción de la energía limpia, mientras la Ley 112-00 sobre hidrocarburos impone un impuesto de un 5% a los combustibles fósiles para ser aplicado a favor de la energía limpia.
Sin embargo, denuncia Cuevas, que en el país no se han priorizado las energías renovables sino los fósiles como el carbón mineral y el gas fósil (gas natural), y en cuanto a la Ley 112-00 se ha hecho todo lo contrario a lo que manda, exonerando los combustibles fósiles a las grandes corporaciones.
Por su parte el profesor Enrique de León afirmó que la República Dominicana posee condiciones naturales para producir el 100% de energía renovable como implícitamente lo reconoce el Plan Energético Nacional, 2025-2038.
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“Sin embargo, por la falta de aplicación de los instrumentos jurídicos citados, hoy en día el 85% de la matriz eléctrica dominicana funciona con combustibles fósiles y apenas sólo un 15% en base a energías renovables, encareciendo el deficiente servicio eléctrico, para favorecer un grupito en detrimento de toda la sociedad”, dijo.
Destacó que pese a toda la parafernalia de que en este año 2025 se alcanzaría la meta de un 25% de energía renovable en la matriz eléctrica del país, aún se está muy lejos de que se cumpla con esta meta.
“Para vergüenza de todos nosotros, la República Dominicana es el país de toda la región con la menor cantidad de energía renovable”, subrayó.
Cuevas y de León observaron que la falta de aplicación de la Constitución y las leyes se evidencia en la construcción de Punta Catalina y su operación en base a carbón mineral, las barcazas del río Ozama, las barcazas de Los Negros de Azua, la autorización en Las Terrenas a la Generadora Eléctrica Samaná y los anunciados 800 megavatios a gas natural en Manzanillo, Montecristi.
Explicaron que durante los últimos cinco años han hecho todo lo posible para que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, de Luis Abinader, cumpla con la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales para que el país impulsara la transición energética hacia fuentes renovables y limpias, y avanzara hacia la meta de cero emisión de carbono.
“Estos esfuerzos resultaron inútiles, incluidas las múltiples propuestas que desinteresadamente hemos aportado a las autoridades, de las cuales sólo hemos recibido el silencio y la fría indiferencia como respuesta”, afirmaron.
También participaron en el depósito del amparo de cumplimiento el líder de Los Negros, Azua, Juan Adalberto Beltré, los abogados Marcos Rodríguez y Heidy Lorenzo, entre otros.
