La Procuraduría General de la República emitió la Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes», que dispone dar alta prioridad a las investigaciones de que funcionarios públicos e integrantes de instituciones militares y policiales sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes.
También en los casos de que esos servidores públicos «recurran a la extorsión, reciban sobornos, cualquier dádiva o prebenda a cambio de facilitar» este crimen, dijo la institución este domingo en una nota.
«En estos casos, se deberá proceder a solicitar la suspensión inmediata de sus funciones del involucrado, a través de los órganos competentes», indica la instrucción.
Al investigar este delito tipificado en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y sus modificaciones y castigado además por diversas convenciones internacionales de las que el país es signatario, los representantes del Ministerio Público deberán «solicitar y ejecutar inmovilizaciones de cuentas, inmuebles, vehículos y todo activo vinculado a las acciones ilícitas de las personas o estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes».
El Ministerio Público recordó que el tráfico ilícito de migrantes representa una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional.
«Su dinámica implica no solo el cruce irregular de fronteras, sino, también, la articulación de redes delictivas que operan con altos niveles de planificación, logística y corrupción», precisó la nota.
«Esta actividad delictiva socava los sistemas de control migratorio, y de seguridad del Estado», por lo que requiere del fortalecimiento de la respuesta interinstitucional especializada, coordinada y dotada de capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, en coherencia con la Constitución y para preservar la seguridad y defensa nacional.
