Amaury Mo 
Varias familias estadounidenses y de otras nacionalidades que perdieron a sus parientes en el colapso del Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, informaron este lunes que demandarán a los propietarios del centro de diversión en los Estados Unidos.
Los familiares serán representados por el bufete de abogados estadounidense Silva & Silva, PA, con el apoyo de la firma dominicana de Ángel Lockward, encargada de representar a los familiares de víctimas en Europa y Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, explicaron que, por el vínculo directo con Estados Unidos —aunque el hecho ocurrió en la República Dominicana—, más de 20 víctimas son ciudadanos norteamericanos y la empresa Jet Set está registrada como marca en el Estado de Nueva York.
Asimismo, detallaron que varios de los propietarios tienen residencia y patrimonio en ese país.
La firma ha designado al abogado litigante Ben Fernández para encabezar el proceso en EE.UU., mientras que en República Dominicana actuarán los abogados Nolberto Rondón y Carlos Escalante en el ámbito penal, además de presentar una acción patrimonial conforme a la Constitución y las leyes dominicanas.
De acuerdo con el documento, el sistema judicial norteamericano garantiza una ejecución más eficiente de las condenas patrimoniales en comparación con los antecedentes recientes en la República Dominicana, “donde el Estado ha desacatado incluso sentencias del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia”.
“Tras una semana de análisis legal en el país, la firma jurídica que representa a las víctimas del siniestro ocurrido en el centro de diversión Jet Set ha concluido que, en atención a las circunstancias particulares del caso, procede accionar judicialmente ante la jurisdicción de los Estados Unidos”, explicaron.
El bufete de abogados informó que la decisión responde a los siguientes factores:
Falta de cobertura aseguradora adecuada: Se ha detectado que la póliza de seguros del Jet Set no cubre suficientemente ni la infraestructura ni la responsabilidad civil, lo que impide un resarcimiento proporcional para las víctimas.
Ante esta carencia, la responsabilidad patrimonial recae sobre el Estado dominicano, aseguran los abogados, dado que, según el propio propietario del centro, las autoridades no inspeccionaron el local en más de 30 años, incumpliendo su deber de supervisión de espacios públicos.
Acción diferenciada para nacionales : En cuanto a las víctimas dominicanas, se esperará la conclusión de las investigaciones del Ministerio Público para proceder por la vía penal nacional.
Sin embargo, se reconoce que, en caso de tipificarse el hecho como homicidio involuntario, la pena máxima sería de apenas dos años de prisión, lo que hace aún más relevante la vía patrimonial para obtener justicia.
Propuesta de solución justa : Finalmente, se sugiere al Estado ya la Alcaldía que admite su responsabilidad por omisión y falta de fiscalización, y que negocia un acuerdo indemnizatorio, al menos con los sectores más vulnerables entre las víctimas.
José Peguero 
Ensegundos.do 