El caso de Paula Santana Escalante, la joven de 23 años asesinada en 2024 y hallada en una alcantarilla en el parque industrial de la Zona Franca, ha dado un giro inesperado a más de un año del crimen. El abogado y catedrático Pedro José Duarte Canaán, especialista en derecho penal, confirmó que un nuevo detenido ha admitido los hechos, tras una segunda investigación ordenada por las autoridades.
Durante una entrevista reciente, Duarte Canaán informó que Junior Lazarito Sánchez, de 27 años, fue apresado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. El joven, quien trabajaba con Paula en la Zona Franca, habría confesado haber cometido el crimen y haber actuado solo. Sin embargo, el abogado fue enfático al señalar que la confesión no basta y que el Ministerio Público debe sustentar su acusación con pruebas testimoniales, periciales, documentales y electrónicas.
Un proceso empañado por negligencia y errores
El jurista criticó severamente el manejo inicial del caso, calificándolo de “truculento” y lleno de negligencia, falta de empatía e irresponsabilidad por parte de las autoridades judiciales y administrativas. Recordó que dos jóvenes fueron apresados injustamente en los primeros meses de la investigación, lo que constituye, según sus palabras, un claro caso de “error judicial”.
Duarte Canaán explicó que estos jóvenes podrían ahora demandar al Estado dominicano y al fiscal titular de la provincia Santo Domingo, por daños y perjuicios causados. “Nuestra Constitución prevé la responsabilidad penal y civil de los funcionarios públicos que actúan con negligencia o malicia causando daño a ciudadanos”, expresó.
Acuerdos sin validez legal
En relación con un acuerdo firmado por la madre de Paula Santana y los ejecutivos de la empresa donde ocurrió el crimen, el abogado aclaró que este podría ser impugnado. Dijo que en el derecho civil dominicano existen los llamados “vicios del consentimiento”, y que un documento firmado bajo presión, dolor o engaño podría ser anulado.
“El Ministerio Público tiene el deber ineludible de seguir la acción pública, sin importar los acuerdos privados. Si la investigación revela responsabilidad de ejecutivos de la empresa, estos también deben responder ante la justicia”, explicó.
La presión de los medios y la debilidad institucional
Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue el papel fundamental que jugaron los medios de comunicación y las redes sociales en la evolución del caso. Duarte Canaán reconoció la labor del periodista Ramón Tolentino, del programa Esto No Es Radio, quien mantuvo el caso vivo en la opinión pública, al igual que otras voces comprometidas con la justicia.
“Es lamentable que nuestras autoridades actúen sólo cuando un video se hace viral o cuando hay presión mediática. Eso evidencia la debilidad institucional que vivimos”, lamentó Duarte.
Incluso el presidente de la República y la primera dama tuvieron que pronunciarse públicamente para garantizar que el caso no quedara impune. “Eso no debe ser necesario. Un servidor público no tiene que esperar órdenes del Presidente para hacer su trabajo”, añadió el experto.
¿Y ahora qué sigue?
Tras la confesión del acusado, se inicia una nueva fase judicial. La Fiscalía de la provincia Santo Domingo tiene 48 horas para judicializar el caso y presentar cargos formales ante un juez. A partir de ahí, se determinará la medida de coerción y se ampliará la investigación para determinar si hay otros implicados.
Mientras tanto, la sociedad dominicana observa con atención. El caso Paula Santana se ha convertido no solo en una exigencia de justicia para una víctima joven y vulnerada, sino también en un espejo que refleja la urgencia de reformar las instituciones encargadas de proteger la vida, la dignidad y los derechos de los ciudadanos.
