Al filo del mediodía, el sol azota con fuerza las paredes de la cárcel preventiva donde está recluido el joven Braidelin Santana Jiménez , de 22 años. En un pasillo estrecho, sostiene bajo el brazo una misiva en la que detalla la “injusticia” de su condena: 20 años de prisión por un supuesto crimen que asegura no cometió.
El origen de la acusación
El 14 de febrero pasado, Santana Jiménez llegó hasta Villa Central , su barrio natal, atraído por el rumor de un asesinato. “Solo quise ver el cuerpo del joven que mataron”, recuerda. No llevaba armas, no fue sorprendido en un acto violento y, asegura, nadie presentó pruebas de su participación.
Sin embargo, poco después de aquel día, el Ministerio Público—bajo la dirección del fiscal AC —lo acusó de homicidio calificado. Según la fiscalía, testigos “identificaron” al joven como responsable, una versión que Santana Jiménez tacha de “fabricada”.
“Crearon testigos con base en chismes”, denuncia. «Nunca investigaron ni cotejaron huellas o grabaciones. Me convertí en culpable sin demostrar nada».
Un proceso con fallas señaladas
Durante el juicio, sus abogados señalaron numerosas contradicciones en los relatos de los testigos y la ausencia de evidencia forense. Pese a ello, el tribunal dictó sentencia. “Parecía un libreto ya escrito”, reclama el reo. “Las contradicciones pasaron desapercibidas, y mis recursos de apelación fueron ignorados”.
La familia y el barrio
En la casa de su madre, doña María Jiménez , el silencio reconoce el dolor. “Mi hijo es inocente”, afirma con voz quebrada. Cada mañana, en Villa Central, los vecinos comentan el caso con incredulidad: “Braidelin es un muchacho tranquilo, siempre ayudaba en la ferretería de su padre”, dice Luis Medina , comerciante local.
Ningún organismo de derechos humanos se ha acercado a la familia, dicen; el apoyo legal se limita al turno gratuito de los tribunales. “Nos sentimos desamparados”, confiesa doña María.
Un llamado a la revisión
Desde la celda, Santana Jiménez lanza un mensaje firme:
«Solo pido que revisen mi expediente y consideren la falta de pruebas. Quiero un juicio justo».
Su defensa ya prepara un recurso de revisión de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, confiada en que la falta de material de evidencia —armas, huellas, videos— pueda revertir el fallo inicial.
A la sombra de los tamarindos que rodean la penitenciaría, la comunidad de Villa Central aguarda con esperanza el desenlace de este caso. Para ellos, y para Braidelin, no se trata solo de libertad, sino de restablecer la confianza en un sistema judicial que, en su opinión, falló en cumplir con su misión de impartir justicia.
