El coordinador de Justicia de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Juan Dionisio Restituyo, expresó este lunes que la República Dominicana no tiene una justicia real y denunció las graves debilidades del sistema, señalando que es costoso, poco accesible y lleno de obstáculos para quienes más lo necesitan.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Restituyo aseguró que uno de los temas que el ministerio de Justicia debe abordar con urgencia es la injusticia estructural que afecta a los más pobres, explicando que, a raíz de su labor como diputado, centró su trabajo en el análisis de la situación penitenciaria del país y en las violaciones a los derechos humanos que enfrentan los internos. Informó que se ha constituido un fondo de libertad destinado a beneficiar a los llamados “presos de la pobreza”, es decir, personas privadas de libertad por no poder pagar pequeñas multas o medidas de coerción.
“Ya identificamos 300 internos con medidas de coerción que oscilan entre 1,000 y 2,000 mil pesos. Ese fondo es para pagar esas medidas y sacarlos de los recintos. Es un problema económico para el Estado, a cada interno le cuesta 18 dólares diarios”, detalló.
Restituyo explicó que, tras una revisión realizada en la Cámara de Diputados, se detectaron al menos 3,600 internos encarcelados por no poder pagar medidas de coerción que oscilaban entre mil y 50,000 pesos. Asimismo, identificaron personas con sentencias firmes que debían cumplir con multas desde doscientos hasta quinientos pesos, y otras con penas ya cumplidas, pero con condenas civiles pendientes o multas impagas.
El coordinador aseguró que estos casos representan una carga económica para el Estado y una injusticia para personas de escasos recursos. “Este fondo tiene como objetivo ayudar a esas personas a recuperar su libertad, pero no se usará para encubrir actos de corrupción”, además reveló que el fondo iniciará con 5,000,000 millones de pesos donados por el presidente de la República, Luis Abinader.
“Hay gente que tiene una medida de libertad y a veces duran dos, tres y hasta cuatro meses sin salir, porque tienen una deuda en la cárcel, o porque el abogado le dice al fiscal que no la ejecute hasta que no le pague. O la cárcel dice: ‘no te vas hasta que no me pagues’, o la familia debe pagar para que lo dejen ir. Ese fondo de libertad va a ayudar, pero no para esos actos”, manifestó.
El coordinador también anunció que sostendrá reuniones con jueces y con el director de la Policía Nacional para abordar este tema, señalando que en los cuarteles policiales se manejan aproximadamente 2,000 millones de pesos en prácticas de corrupción. Denunció que las cárceles dominicanas se han convertido en “una factoría económica” donde intervienen fiscales, abogados, jueces y militares en redes de corrupción, revelando las múltiples irregularidades y altos niveles de corrupción dentro del sistema penitenciario dominicano, especialmente en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Manifestó que, tras realizar una visita a ese centro carcelario, el director de Prisiones sacó 80 presos y los colocó en una carpa fuera del recinto, donde todos hablaron bien de la administración. Esto motivó a que en una segunda ocasión se hiciera una visita sorpresa, a la cual no querían permitirle el acceso. En esa visita descubrieron billares, whisky, drogas, pasillos llenos de negocios ilegales y demás irregularidades. Afirmó que estas prácticas no solo ocurren en La Victoria, sino también en el “15 de Azua”, y que en San Juan no pudieron entrar porque “había una jugada de gallos”.
“Los negocios en La Victoria generaban 100 millones de pesos al mes cuando tenía 8,000 internos. Iban a una mesa que no tenía nada, solo una mesita. Ahí los presos le enseñaban el celular a una persona y este les daba dinero. ¿Cuál era su función? Él era el banco de La Victoria. Si tenías un interno, no se lo podías llevar físico; tenías que depositarlo en una cuenta, y él iba donde el tipo con el Boucher, te lo cambiaba y te daba 800 o 900. Ese era el dueño del banco”, explicó.
Asimismo, que en el “15 de Azua”, quien guio a los diputados durante su visita fue un preso, y afirmó que muchos reclusos tenían televisores plasma, perros y pagaban hasta 750 mil pesos para estar cómodos. “Eso se llama corrupción”, subrayó, agregando que “mucha gente vive en la cárcel, estando fuera de ella”.
Rodríguez “Somos el país con mayor cantidad de presos preventivos en América Latina”
Rodríguez también denunció casos de extrema negligencia judicial, como el de una persona que llevaba seis años presa en El Seibo con una medida de coerción de 3,000 pesos, que no pudo pagar y cuyo expediente se perdió. Otro caso ocurrió en Monte Plata, donde un hombre tenía 12 años preso sin ningún expediente.
Asimismo, reiteró que su función en la Onapret es eliminar la sobrepoblación carcelaria, que equivale a un 667 %. “Hay lugares que fueron hechos para mil internos y tienen cinco mil. Esa sobrepoblación es un tema que se va a trabajar”, aseguró.
“Nosotros somos el país con mayor cantidad de presos preventivos en toda América Latina. Tenemos en este momento un 64 a 67 % de los internos que están en las cárceles sin tener una condena en primera instancia”, dijo.
Destacó que el nuevo modelo eliminará los antiguos actos de corrupción, asegurando que ningún interno tendrá celular porque harán un modelo penitenciario que sea ejemplo en el mundo, ya que el Ministerio de Justicia viene a ponerle la tapa al pomo y es el único que puede garantizar en el tiempo.
Manifestó que con una reunión que sostuvieron en el Senado se sacará en esta legislatura la ley del Ministerio de Justicia, donde se creará el Instituto de los Derechos Penitenciarios, para mejorar las condiciones de los policías, ya que son el primer contacto que tiene la ciudadanía con el Estado.
