Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron distintas querellas penales ante la fiscalía del Distrito Nacional, contra cuatro comunicadores, por difamación e injuria en medios digitales.
Los querellantes acusan a Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, de incurrir en la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las acciones judiciales, algunas presentadas de manera individual y otras colectivas, han sido interpuestas con base a la violación a los límites que los derechos al buen nombre y al honor que fijan a la libertad de prensa y de expresión, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De acuerdo al periodico HOY, los querellantes, asistidos por sus representantes legales, aseguran que esas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino, proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
De acuerdo a la acusación presentada ante las autoridades correspondientes, las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez, han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves.
En un documento de prensa, los querellantes argumentan que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. “No puede confundirse la libertad con la impunidad”, expresaron. Hicieron un llamado a la convivencia democrática, respeto mutuo y uso responsable de las libertades públicas, como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
