La comunicadora y productora Mariasela Álvarez, junto a los periodistas Marino Zapete, Edith Febles y Alta Gracia Salazar, interpusieron querellas penales por difamación e injuria en medios digitales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Las acciones legales están dirigidas contra cinco individuos acusados de propagar expresiones ofensivas y difamatorias en redes sociales y plataformas digitales.
«Todos tenemos derecho al buen nombre y al honor, no solamente los periodistas» expresó desde su programa Esta Noche Mariasela que se transmite por Color Visión, canal 9.
Los demandados, identificados como Juan Aníbal Rendel Núñez, Johnny Arrendel, Alfredo de Dios de la Cruz, Carvajal Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, habrían excedido, según los querellantes, los límites de la libertad de expresión mediante ataques personales que afectaron su reputación. Álvarez aclaró durante su programa Esta Noche Mariasela que las acciones buscan defender el derecho al honor y al buen nombre, sin restringir el debate público: “No se trata de limitar la crítica, sino de frenar el uso abusivo de las plataformas que causan daños reputacionales graves”.
Contexto de las acusaciones
La medida responde a una campaña difundida en redes sociales y canales de YouTube a principios de año, que vinculaba a los periodistas con supuestos fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y una agenda “proitiana” (pro-haitiana). Álvarez rechazó categóricamente estas imputaciones: “Nunca he recibido ni un centavo, oficial o extraoficialmente, de USAID, ni promuevo fusiones o intereses ajenos a nuestro país”. Insistió en que no existe evidencia que respalde dichas afirmaciones, subrayando que su trabajo siempre se ha mantenido dentro de marcos éticos.
Detalles de las querellas
De las cuatro querellas presentadas, una es colectiva —dirigida contra Johnny Arrendel—, mientras que las restantes son individuales. Álvarez participa en dos de ellas (contra Arrendel y Alfredo de la Cruz). La comunicadora enfatizó que este paso jurídico marca un “hito” al unir a profesionales de la comunicación en defensa de derechos fundamentales: “Todos, no solo los periodistas, merecemos respeto. Las libertades tienen como límite el derecho al honor de los demás”.
Próximos pasos
El Ministerio Público deberá investigar los señalamientos antes de llevar el caso a los tribunales. Álvarez confió en que la justicia dominicana evaluará las pruebas de ambas partes de manera imparcial. Mientras tanto, recalcó la importancia de fomentar una convivencia democrática basada en el respeto y el uso responsable de las libertades.
