Tras la reciente revelación del programa El Informe con Alicia Ortega sobre un fiscal que utilizaba un vehículo retenido por las autoridades, continúan surgiendo denuncias por casos similares en el país.
Este jueves, los abogados de la ciudadana Danilsa Maribel Álvarez denunciaron que, a pesar de existir una sentencia judicial que ordena la devolución de tres vehículos incautados desde el año 2016 —un Kia K5, un Toyota Vitz y una yipeta Ford Explorer— estos aún no han sido devueltos y se desconoce su paradero.
Los vehículos fueron ocupados como parte de un proceso judicial llevado en la provincia La Altagracia, en el que Álvarez fue acusado por el Ministerio Público. Sin embargo, el caso fue desestimado por insuficiencia de pruebas y, en junio de 2022, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia absolutoria, ordenando el retorno de todos los bienes muebles e inmuebles incautados.
A casi tres años de dicha sentencia, el representante legal de Álvarez asegura que la Dirección de Bienes Incautados aún no ha devuelto los vehículos, alegando desconocer su localización. «Todavía, al día de hoy, están tratando de ubicarlos. Se entendía que esa práctica había desaparecido, pero no», declaró el abogado.
En marzo de 2023, la defensa reiteró formalmente la solicitud de devolución, sin obtener respuesta satisfactoria. “¿Dónde está la seguridad jurídica de los bienes incautados? ¿Dónde está la responsabilidad de quienes están llamados a custodios de esos bienes conforme a la ley?”, cuestionó el representante legal.
La firma de abogados advirtió que, de no producirse la entrega de los vehículos, interpondrán acciones legales contra la Procuraduría General de la República y la Dirección de Bienes Incautados.
