Amaury Mo 
La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana desmintió categóricamente tener relación alguna con José Ángel “Jochy” Gómez Canaán o con la plataforma de inteligencia artificial “María”, presentada esta semana como un sistema de auditoría en tiempo real para combatir la corrupción en las contrataciones públicas.
En declaraciones exclusivas al periódico elCaribe, Michelle Angulo, vocera y agregada de Prensa de la embajada, afirmó:
“La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo no mantiene ningún vínculo con el señor José (Jochy) Gómez Canaán. El Gobierno de los Estados Unidos no ha estado involucrado en el desarrollo ni en el funcionamiento de la plataforma de IA María”.
Durante el acto de presentación, Gómez anunció su renuncia a cualquier relación comercial con el Estado dominicano, comprometiéndose a liderar esta iniciativa tecnológica como un acto de “servicio público”. Según sus promotores, la herramienta de código abierto y acceso gratuito detecta sobreprecios, colusión y fraudes en contrataciones gubernamentales, utilizando algoritmos de aprendizaje automático.
El evento incluyó la participación del ex-asesor político estadounidense Roger Stone, conocido por su cercanía a Donald Trump, quien respaldó el proyecto con un discurso cargado de críticas al “establecimiento tradicional”. El abogado de Gómez, Carlos Balcácer, calificó el lanzamiento como una muestra de “honestidad”, en contraste con la acusación formal que enfrenta su cliente en la denominada Operación Camaleón.
Sin respaldo oficial estadounidense
Aunque Gómez mencionó presuntos apoyos de fundaciones tecnológicas en Washington y asesoría legal para procesos judiciales derivados del uso de la plataforma, la embajada estadounidense fue tajante en rechazar cualquier involucramiento institucional. La aclaración surge tras el uso reiterado de referencias a Estados Unidos durante la presentación de “María”, lo que generó confusión en medios y redes sociales.
La desmentida añade un nuevo matiz al contexto judicial que enfrenta el empresario. A este le acuso el Ministerio Público de liderar una red que habría manipulado licitaciones estatales por más de 1,300 millones de pesos.
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