Contratistas de Edesur al borde de la quiebra por incumplimientos contractuales Ensegundos República Dominicana

Las empresas contratistas de las distribuidoras de electricidad en la República Dominicana, incluyendo Edesur, se encuentran en una situación crítica, al borde de la quiebra, debido a supuestos incumplimientos contractuales por parte de las distribuidoras y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).

Estas empresas, que han invertido más de US$100,000,000.00 en el sector y emplean a alrededor de 15,000 colaboradores directos, denuncian la falta de aplicación de sus derechos contractuales, específicamente la no aplicación de los ajustes por inflación y por equilibrio económico. Esta situación se ha agravado tras el aumento salarial anunciado por el Presidente de la República Dominicana en marzo de 2025, así como por los recurrentes retrasos en los pagos.

Los contratistas señalan que los contratos de Edesur contemplan ajustes por variaciones en la tasa de cambio del dólar estadounidense si superan el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de última aplicación. Además, Edesur Dominicana, S.A. se compromete a responder en un plazo de cinco días hábiles a las solicitudes de ajuste presentadas por los oferentes/proponentes adjudicatarios.

La no aplicación de estos ajustes ha impedido que la mayoría de las empresas puedan implementar los aumentos salariales correspondientes, generando descontento entre los técnicos y la posibilidad de un paro general que podría tener consecuencias imprevistas en el servicio eléctrico.

Desde principios de 2024, las empresas contratistas han estado solicitando la aplicación de lo establecido en sus contratos, siempre apegados a la legalidad y a criterios de racionalidad y razonabilidad, sin haber recibido a la fecha una respuesta por parte de las distribuidoras o su consejo.

Esta situación es considerada una «franca violación» a los términos contractuales, al mandato de ley por resolución CNS-01-2025 emitida por el Comité Nacional de Salarios, a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento 416-23. También se percibe como un atentado a la visión solidaria del Presidente de la República y a la calidad de vida de los colaboradores de estas empresas y de sus empresarios.

Existe la preocupación de que esta situación esté ligada a rumores sobre la intención de vender las empresas distribuidoras a un precio devaluado, lo que podría provocar un caos que afectaría directamente el servicio eléctrico y al pueblo dominicano. Cabe destacar que las empresas contratistas actuales son las mismas que operaban durante un período de mayor estabilidad en el sector eléctrico, cuando se registraron los mejores indicadores de reducción de pérdidas. Se plantea la interrogante de por qué las pérdidas se han incrementado a niveles históricos con los mismos contratistas.