La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, sostuvo que la construcción de un pacto nacional sobre el asunto migratorio requiere de un método que permita enfrentar efectivamente la problemática, asumiendo una conversación real, de coraje democrático y comprometido con la verdad.
Al referirse a la cumbre en la que participaron el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, señaló que toda discusión sobre política migratoria requiere reglas claras, información confiable y una narrativa común de respeto institucional.
Según una nota informativa, Cedeño valoró la reunión al entender que sus propuestas parecen poner sobre la mesa un tema crucial para el presente y futuro del país, al tocar aspectos de soberanía, derechos humanos, seguridad, desarrollo y convivencia.
Sin embargo, advirtió que “no basta con convocar” y que resulta imperativo dotar de legitimidad, método y transparencia cualquier intento de diálogo nacional sobre el tema migratorio.
Aseguró que el fracaso de convocatorias anteriores del Consejo Económico y Social (CES), como ocurrió con las reformas que quiso implementar el presidente Luis Abinader al inicio de su mandato, se debieron a la falta de un método claro para lograr su objetivo.
“No fue por falta de urgencia de los temas, sino por la falta de claridad en el método y por la existencia de agendas paralelas que boicoteaban el proceso de diálogo. Las expectativas vagas, la documentación incompleta y la improvisación metodológica derivan fácilmente en desconfianza, parálisis o manipulación. En el caso migratorio, estos errores no serían solo estratégicos, serían altamente peligrosos”, aseveró Margarita Cedeño.
Agrega que, entre esos riesgos señaló experiencias como la de Colombia y Venezuela, el primero cuando sufrió profundas fracturas sociales cuando intentó, mediante negociaciones, y luego un referéndum, consensuar un acuerdo para la desmovilización de las FARC; y el segundo, bajo el intento de usar el diferendo del Esequibo como factor de cohesión nacional, el cual terminó en un conflicto de legitimidades, sin diálogo abierto ni instituciones confiables.
“El gobierno y los actores convocantes deben asumir con responsabilidad el diseño de un método público y vinculante de discusión, con tiempos definidos, criterios de aprobación, mecanismos de seguimiento y garantía de cumplimiento; asegurar el acceso a toda la documentación relevante, especialmente el análisis jurídico-constitucional y; garantizar una participación plural e intergeneracional, que incluya organizaciones juveniles, académicas, empresariales, sindicales, comunidades religiosas y actores territoriales”, indicó.
