En una entrevista con el periodista José Peguero, Bernardo Castellanos, experto en energía y sistemas eléctricos, desnudó la crítica realidad del sector eléctrico dominicano: pérdidas históricas del 42% en 2024, subsidios de USD 5,700 millones en cuatro años sin resultados, y 800,000 usuarios sin medidores explican la persistencia de apagones en pleno 2025.
Castellanos recordó que el programa de gobierno del PRM prometió USD 175 millones anuales para reducir pérdidas. Sin embargo, solo en 2023-2024 se ejecutó una fracción, mientras las pérdidas escalaron del 29% (2019) al 42% en 2024, el peor año en una década.
El drama de los medidores:
«Las distribuidoras admiten que 800,000 usuarios consumen energía sin facturación por falta de contadores», denunció. Reveló que, pese al anuncio presidencial en 2023 sobre la compra de 600,000 medidores, estos no se instalaron masivamente, perpetuando pérdidas por USD 2,000 millones anuales.
Deudas internas y privilegios:
Certificaciones de Punta Catalina (en poder de El Nacional) confirman deudas de USD 214 millones con las distribuidoras estatales. «El Estado no paga a sus propias empresas, pero sí honra a generadores privados», criticó Castellanos, señalando que esto estrangula inversiones en transmisión y mantenimiento.
Contrataciones cuestionadas:
Cuestionó los salarios de administradores extranjeros en EDESUR (USD 17,000/mes) y EDEESTE (USD 21,000/mes), mientras empleados dominicanos en AES o Barrick ganan menos. Destacó que EDESUR, bajo gestión chilena, empeoró sus indicadores de calidad.
La paradoja de los subsidios:
Pese a la baja en los precios del carbón y gas en 2024 (80% de la matriz energética), el subsidio estatal alcanzó USD 1,800 millones. «Se transfirieron USD 5,700 millones desde 2021, pero no se invirtió en infraestructura», enfatizó Castellanos, mostrando gráficos oficiales donde el déficit crece en espiral.
¿Solución a la vista?
El experto desestimó el optimismo gubernamental: «Si recuperar USD 7 millones anuales (RD$409 millones) es un ‘logro’, tomará 192 años reducir el déficit a USD 500 millones». Advirtió que, sin una inversión agresiva en medidores y redes, los apagones y el gasto fiscal seguirán.
Caso Punta Cana-Macao:
Castellanos contrastó el modelo privado (pérdidas bajo 10% y facturación real) con el estatal: «Allí cobran tarifas más altas, pero invierten. Aquí, el Estado regala energía no medida y luego paga subsidios con deuda».
«La crisis no es técnica, es de voluntad política», sentenció. «Mientras no se priorice la instalación masiva de medidores y el pago de deudas internas, República Dominicana no verá el fin de los apagones».
