El abogado Jean Cristofer Pérez Lebrón, en representación de las señoras Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, depositó una querella con constitución en actor civil por un monto de cien millones de pesos dominicanos (RD$100,000,000.00), por los hechos que culminaron con la muerte de Lirisset Ventura Brito en la discoteca Jet Set.
La querella, recibida por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, establece responsabilidad penal y civil no sólo contra los propietarios del centro de entretenimiento –Antonio Espaillat López y Ana Grecia López– y su razón social Inversiones E y L, S.R.L., sino también contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Estado dominicano.
Según el abogado Pérez, los hechos constituyen un claro caso de homicidio involuntario por negligencia, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano. En sus palabras:
“El Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional fallaron gravemente en su deber constitucional y legal de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Su omisión en fiscalizar y supervisar establecimientos de alta concurrencia como discotecas, facilitó las condiciones para que esta tragedia ocurriera.”
En la relación de derecho contenida en la querella, se argumenta que el Estado, como garante de los derechos fundamentales a la vida y seguridad, violó el artículo 8 de la Constitución por no establecer ni aplicar políticas efectivas de control y prevención en lugares de espectáculos. De igual manera, se acusa a la Alcaldía del Distrito Nacional de negligencia al no inspeccionar ni sancionar el funcionamiento de Jet Set, pese a las obligaciones que le impone la Ley 176-07.
“Cuando un edificio defectuoso o mal mantenido causa la muerte de una persona, los responsables directos e indirectos deben responder ante la justicia. No se trata solo de un error, sino de una cadena de irresponsabilidades que costó una vida”, agregó el abogado.
La querella incluye también fundamentos del Código Civil, particularmente los artículos 1382, 1383 y 1384, que establecen la responsabilidad por daños causados por cosas bajo custodia.
Con esta acción, la parte querellante busca sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en tragedias derivadas de negligencia institucional y exigir el respeto irrestricto al derecho a la vida.
