Un grupo de ciberdelincuentes liderado por el español José Luis Huertas Rubio, alias «Alcasec», accedió ilegalmente al sistema E-ticket de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, según informó este martes el diario español El Mundo.
La operación, que también comprometió el sistema migratorio de Andorra, es considerada la primera incursión documentada del grupo fuera del territorio español.
El sistema E-ticket, en funcionamiento desde 2021, almacena los registros de entrada y salida de todos los ciudadanos extranjeros que han visitado el país.
Detalla el Diario Libre que la filtración adquiere relevancia internacional debido a que medios españoles han vinculado a República Dominicana, sin pruebas concretas, como destino frecuente de ciudadanos implicados en actividades ilícitas como el blanqueo de capitales.
Según fuentes judiciales citadas por El Mundo, el objetivo del grupo era cruzar los datos obtenidos con información robada de instituciones españolas, como la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, el Consejo General del Poder Judicial y el Registro Civil.
El propósito era construir perfiles detallados de empresarios, políticos y personas con alta exposición financiera, con la intención de extorsionarlas.
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional de España, está al frente del caso y prevé notificar formalmente a las autoridades dominicanas sobre la intrusión, lo que podría desencadenar una investigación local.
El caso tiene un componente político, debido a la presunta implicación de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Martínez, actualmente procesado por su participación en la «Operación Kitchen», es investigado como posible facilitador y mentor del joven hacker, a quien habría defendido en el pasado tras sus primeros delitos informáticos.
Los datos sustraídos estaban almacenados en un servidor ubicado en Zúrich, Suiza, bajo el nombre «Udyat», en referencia al Ojo de Horus, símbolo egipcio de vigilancia absoluta. Esta revelación ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las bases de datos migratorias y la protección de la información personal en la República Dominicana.
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Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido una declaración oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se están revisando y reforzando los sistemas de ciberseguridad en instituciones estratégicas.
La investigación continúa abierta, y no se descarta que emerjan nuevas ramificaciones internacionales a medida que se profundice en la estructura y objetivos del grupo delictivo.
