El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio en contra de tres personas acusadas de ser testaferras en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.
Luego de admitir la acusación y acoger todas las pruebas presentadas por el órgano persecutor, la jueza Wendy de Jesús Mueses envió a juicio a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los procesados hicieron aparentar ser los socios de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, una compañía con veinte (20) inmuebles que incluyen la mansión donde reside López Florencio.
Los acusados son miembros de la red criminal de testaferros y prestanombres que encabezaba López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López. Además, hijos cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, condenados por la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La acusación acogida por el tribunal, revela que los procesados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos (RD$183,386,000), teniendo como oficios chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Suárez).
La información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que entre 2015 y 2019 tuvo entradas ascendentes a doscientos cincuenta millones, setecientos doce mil, seiscientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos (RD$250,712,602.66), para un total de cuatrocientos treinta y cuatro millones, noventa y ocho mil, seiscientos cuatro pesos. dominicanos con sesenta y cinco centavos (RD$434,098,604.65).
El equipo de fiscales, integrado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez, y el litigante Hitler Sánchez explicaron que el Ministerio Público calificó las conductas de los acusados como una violación a las disposiciones de los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17.
También, la Ley 83-02, que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de República Dominicana.
