El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, afirmó que el alto costo de los servicios judiciales impide el acceso a la justicia a la población vulnerable del país.
La organización cita el índice Global de Estado de Derecho (Wold Justice Project Rule of Law Index , 2023) que establece que la República Dominicana ocupa el puesto número 76 de 140 países en cuanto acceso a la justicia.
También indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha manifestado que los obstáculos económicos o financieros son de los principales factores que impiden el acceso a la justicia en materia de derechos sociales.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estos obstáculos incluyen la imposibilidad de costear servicios legales, gastos de transporte y otros costos asociados a los procesos judiciales.
INSAPROMA aseguró a partir de la experiencia que posee de más de 20 años de ejercicio profesional, que por cada persona que acude a los tribunales, entre dos y tres personas no acceden al sistema de justicia, aun teniendo la necesidad de ser atendidas.
“Un dato que confirma que factores económicos, entre ellos los altos costos de los servicios legales dificultan el acceso a la justicia, es que en el año 2023 la Defensoría Pública atendió a más de 200 mil ciudadanos de bajos recursos”, aportó.
La entidad planteó que además de factores económicos también obstruyen el acceso a la justicia la falta de información y la demora de los procesos judiciales que se prolongan entre 2 a 5 años dependiendo del caso y del tribunal.
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“La larga duración de los procesos para obtener una sentencia definitiva es un disuasivo para que muchas personas desistan de acudir al sistema de justicia. Con la prolongación en el tiempo, los costos de los procesos aumentan”, observó.
Asistencia jurídica solidaria
El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, ha puesto recientemente en marcha un proyecto de asistencia jurídica solidaria con el propósito de facilitar que los sectores de bajos ingresos puedan contar con servicios legales para acudir a los tribunales.
Informó que el servicio ofrece asistencia en derecho ambiental, en materia laboral, derecho civil en general, en derecho penal, derecho migratorio y en litigios de diferentes tipos.
Explicó que ha creado una red de abogados solidarios en todo el país para acoger los casos de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.
“Los profesionales de derecho que se han incorporado a este proyecto de asistencia jurídica solidaria poseen prestigio, una alta calificación y una larga experiencia en sus respectivas especialidades y, sobre todo, están comprometidos en lograr que los más pobres y marginados de la sociedad dominicana tengan acceso a los tribunales”, señaló.
Manifestó que el proyecto de asistencia jurídica solidaria es un aporte de la organización dirigido a ampliar el estado de derecho del país a través del acceso al sistema de justica de aquellas personas que por sus bajos ingresos no pueden defender sus derechos y sus intereses ante los tribunales.
“Aspiramos y estamos luchando para democratizar la justicia dominicana, en primer lugar abriendo las puertas de la Justicia al pueblo dominicano, que en estos momentos está excluido en la práctica del sistema de justicia”, expresó.
