A dos meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que causó la muerte de más de 230 personas y dejó 189 heridos, persiste la indignación entre los familiares de las víctimas. Hasta la fecha, Antonio Espaillat, propietario del centro de diversión, no ha sido interrogado, pese a las 65 acciones legales, entre denuncias y querellas, presentadas en su contra.
Entre las víctimas fatales del desplome ocurrido el pasado 8 de abril figuran el merenguero Rubby Pérez, el expelotero Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, además de varios parientes de empresarios reconocidos.
Detalla Teresa Casado en el periodico EL DIA que la Fiscalía del Distrito Nacional ha conformado un equipo especializado para recibir querellas con constitución en parte civil de familiares de fallecidos y heridos en la tragedia de Jet Set.
Familiares de víctimas exigen justicia por caso Jet Set
En declaraciones recientes, el jurista Félix Portes, junto a otros abogados, expresó que los familiares de las víctimas buscan justicia mediante las querellas interpuestas contra el empresario Antonio Espaillat, así como contra Ana Grecia y la empresa Inversiones E y L.
Asimismo, abogados como Alejandro Tejada Estévez, Jaime Carrasco Batista y Luis Elías Villanueva han denunciado que el propietario del establecimiento aún no ha sido citado para rendir declaraciones sobre el caso.
En esa misma línea, el jurista Plutarco Jáquez sostuvo que, antes de citar a las víctimas que resultaron heridas, las autoridades deben interrogar al dueño del local y a los demás responsables del hecho.
Avances de la investigación
La investigación está a cargo de Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. El objetivo principal es recolectar pruebas sobre los hechos ocurridos el 8 de abril, cuando colapsó el techo de la discoteca Jet Set.
Como parte del proceso, la Procuraduría General de la República incautó las ruinas del establecimiento, una medida que fue autorizada por un juez de instrucción competente.
Desde el inicio de las pesquisas, el Ministerio Público ha enfocado sus esfuerzos en realizar un peritaje estructural del techo, considerado un elemento clave para esclarecer las causas del colapso y determinar responsabilidades.
