Un estudiante del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, escuela secundaria dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), enfrenta cargos judiciales por utilizar inteligencia artificial (IA) para generar contenido pornográfico con los rostros de sus compañeras.
Según la denuncia radicada en julio de 2024 por el padre de una de las afectadas, el acusado empleó técnicas de face swapping para superponer las caras de las adolescentes, de entre 15 y 16 años, en cuerpos de actrices adultas extraídos de plataformas pornográficas.
El material, difundido en un sitio para adultos, incluía además descripciones cosificadoras y enlaces a las redes sociales de las víctimas, lo que derivó en acosos por parte de usuarios anónimos.
El fiscal Pablo Cuenca Tagle confirmó que las jóvenes sufrieron «severos daños psicológicos», incluyendo caídas en su rendimiento académico, cambios abruptos en su conducta y cuadros de ansiedad. Aunque las pruebas recolectadas apuntan a una condena, el caso enfrenta obstáculos legales: la técnica de deepfake no está tipificada como delito en el Código Penal argentino.
José Dantona, abogado de tres de las 16 víctimas, denunció que algunas imágenes siguen circulando en internet vinculadas a sus nombres, agravando el perjuicio. «Ni las instituciones ni la ley están preparadas para los riesgos de la IA», afirmó en declaraciones a Cadena 3.
Sin marco legal para la pornografía falsa
La falta de regulación específica obligó a los investigadores a recurrir a figuras contravencionales de género, ya que el artículo 128 del Código Penal solo sanciona la pornografía con menores cuando las imágenes son reales. Dantona criticó la inacción legislativa: «Con 10 renglones en el Congreso se podría regular esto en una semana». Mientras, el diputado Juan Brügge impulsa un proyecto para penalizar la creación y difusión de deepfakes sin consentimiento, con penas de hasta 10 años si las víctimas son menores.
El acusado podría enfrentar una condena de 20 a 30 años si se lo declara culpable de los delitos imputados, que incluyen acoso y daño psicológico agravado. El caso reavivó el debate sobre el uso ético de la IA y la urgencia de actualizar el marco legal ante tecnologías que, como señaló la UNESCO, requieren «salvaguardias y regulaciones gubernamentales» para evitar abusos. Las autoridades educativas de la UNC iniciaron protocolos de género y prevención, aunque las víctimas y sus familias reclaman medidas más contundentes para evitar futuros casos.
