En el subsuelo del Gran Santo Domingo se oculta una de las mayores apuestas de saneamiento ambiental jamás planificada en la historia de la capital dominicana: un sistema integral de plantas depuradoras, redes de alcantarillado y emisarios submarinos, capaz de transformar los ríos Ozama e Isabela y, con ellos, la salud de al menos tres millones de personas.
Así lo revela el Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo, una hoja de ruta diseñada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), bajo la dirección de Alejandro Montás, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la firma Hazen & Sawyer.
Ese ambicioso proyecto fue concebido para atender una realidad alarmante: solo el 5 % de la población cuenta con algún tipo de tratamiento de aguas residuales, mientras el resto descarga directamente en ríos y acuíferos.
Uno de los pilares de ese sistema es la planta de tratamiento de La Zurza, conectada a través de un sistema de bombeo con la zona de Jacobo Majluta. Montás refiere que la planta fue construida y entregada, operando en un 40 %, pero que no ha recibido seguimiento adecuado en años recientes, a pesar de representar una inversión de 125 millones de dólares.
“Ahí hay equipos, tuberías, todo instalado. Es un sistema que reduce en forma inmediata el riesgo de enfermedades infectocontagiosas en los sectores aledaños”, subrayó. Explicó que la planta está diseñada para depurar hasta 1,202 litros por segundo, un volumen que en un 76 % proviene de descargas industriales sin tratamiento.
Sin embargo, no está equipada para tratar residuos químicos, lo que plantea la necesidad urgente de una infraestructura especializada para las más de 260 empresas que vierten tóxicos en los ríos y afluentes urbanos.
La actual administración de la Caasd, liderada por el ingeniero Felipe Suberví, rehusó conversar con HOY sobre este tema.
Soluciones que no salen a flote
La otra importante apuesta del Plan Maestro son los emisarios submarinos. Cuatro ductos de ingeniería avanzada que, tras el tratamiento primario, conducirían el agua residual al mar abierto, a profundidades de hasta 34 metros, garantizando una dispersión segura y sin impacto ambiental. Los puntos designados para estas infraestructuras son Guajimía (560 m), Núñez de Cáceres (300 m), Alma Mater (380 m) y Los Frailes (260 m). Cada uno con plantas de pretratamiento y áreas de cobertura bien definidas, capaces de atender a comunidades densamente pobladas. “Estas tuberías no son drenajes comunes: son sistemas de descarga profunda, diseñados según las normas internacionales”, precisó.
Un legado ignorado
El plan, que costó más de 4.5 millones de dólares en estudios técnicos y que su ejecución estaba prevista en tres etapas con horizonte al 2040, no ha avanzado al ritmo esperado. “Lo dejamos todo planificado, presupuestado, con estudios de impacto ambiental, diseños ejecutivos y cartografía digital. Pero la continuidad del Estado sigue siendo nuestro talón de Aquiles”, lamentó Montás. La entrevista con el exdirector de la Caasd destapa una realidad frustrante: obras de infraestructura avanzada paralizadas, planes de saneamiento almacenados y una ciudad que sigue creciendo sin servicios básicos proporcionales. “Cada vez que cae una lluvia intensa, nos damos cuenta de que no hemos resuelto el drenaje pluvial. Las cañadas son ahora vertederos y el alcantarillado que construyó Trujillo sigue operando con funciones duales e ineficientes”, sostuvo.
Exigir a las industrias
El Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo no contempló inicialmente una solución para el vertido químico, ya que las plantas diseñadas, como la de La Zurza, están destinadas exclusivamente al tratamiento de aguas residuales urbanas. Para abordar esta problemática sería necesario construir una planta especializada o exigir a las industrias que instalen sus propios sistemas de tratamiento.
El impacto de estos vertidos es devastador: no solo deterioran irreversiblemente los ecosistemas acuáticos, sino, que también comprometen la salud de miles de familias que viven en las riberas. Enfermedades respiratorias, dérmicas e infecciosas se multiplican en estos entornos contaminados, mientras el Estado asume el alto costo de una atención médica que podría evitarse con acciones regulatorias firmes.
A pesar de la gravedad, el problema ha sido históricamente ignorado. Para Montás, la salida es la intervención estatal decidida, combinada con financiamiento internacional y con voluntad política.
