Un de Barahona tribunal condenó a 6 y 3 años de prisión a cuatro miembros de una red, incluyendo un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), que se dedicaban a la falsificación de documentos públicos y privados por los que cobraban montos de entre RD$70 mil y RD$100 mil, teniendo como lugares de operación Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El Ministerio Público de Barahona y de la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la Junta Central Electoral, representados por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, y la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, dictaminó que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública y privada en asociación de malhechores y, además, a lavar activos.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a 6 años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
En tanto que Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Igualmente, fue condenado el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
Se dispuso como condiciones de la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados las siguientes: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso de bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
En este proceso además se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de los equipos electrónicos incautados durante la investigación.
Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos, Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otros de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas.
La jueza del Distrito Judicial de Barahona, Fátima Cruz Estrella, impuso las condenas luego de acoger el procedimiento donde los acusados admitieron los hechos delictivos ante la contundencia de las pruebas.
Los hechos son sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13, sobre Protección Integral de Datos, la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 4-23, de Actos del Estado Civil.
El Ministerio Público llevó a cabo las investigaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil y la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
El inicio de esta investigación en el mes de enero del año pasado en la ciudad de Barahona se llevó a cabo a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de las indicadas sumas de dinero.
En el curso de las investigaciones se procedimientos que dichos documentos estaban siendo expedidos por un grupo organizado cuyos líderes principales son los nombrados Pablo Selmo De La Cruz, quien cumple prisión preventiva y está a la espera de su proceso, y Yonel Raphael y Modesto Alcántara (testigo en juicio abreviado), quienes trabajaban en asociación con los designados José Alfredo de los Santos Gómez y Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, que operaban en los laboratorios de falsificación de documentos, así como el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández.
Esta labor de inteligencia e investigación ejecutada por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dicrim tenía alrededor de un año, con un equipo desplegado en distintas zonas del sur, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
