Se entregó voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) este jueves, el general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez, acusado de formar parte de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos junto al regidor Edickson Herrera Silvestre.
Herrera fue requerido en extradición por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, bajo el caso número 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN, fechado el 5 de marzo de 2025.
Según El Día Durán Jerez abordó un avión privado enviado por la DEA, quedando de inmediato bajo custodia de agentes federales. En la misma aeronave viajaron otras dos personas, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
Durán Jerez fue separado de la Policía Nacional en 2009 por “antigüedad en el servicio”, mediante el Decreto 161-09, firmado por el entonces presidente Leonel Fernández. Durante su carrera, ocupó cargos estratégicos, como la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Seguridad Preventiva de la Policía Nacional.
Por el mismo caso, a mediados de mayo de 2025, Edickson Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea” y actual regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, también se entregó a las autoridades estadounidenses. Su traslado se realizó mediante un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hacia Miami.
De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tanto Durán Jerez como Edickson Herrera están vinculados a una presunta red de tráfico de drogas que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con actividades en Miami, República Dominicana y otros territorios.
La acusación formal incluye varios cargos graves bajo las leyes federales de Estados Unidos, entre ellos: conspiración para importar sustancias controladas; fabricación o distribución con intención de importación ilegal; intento y conspiración para distribuir; posesión con intención de distribuir; decomiso criminal; e importación y exportación de químicos regulados.
El expediente judicial señala que ambos habrían participado activamente en una conspiración para traficar drogas, lo que podría acarrear penas mínimas de 10 años hasta cadena perpetua, así como multas de hasta 10 millones de dólares debido al volumen de los cargamentos incautados.
