La madrugada del 30 de diciembre de 2019, cerca de las 2:00 de la mañana, marcó un antes y después en la vida de Luis Miguel Santana. No solo vio partir a su compañero de trabajo, sino que tuvo que escapar de la muerte en dos ocasiones.
Y es que, como si se tratara de una película de terror, Santana fue secuestrado, torturado y casi asesinado por dos hombres: Melvin Reyes Rodríguez y Yensi Martínez Tiburcio, quienes esta semana fueron condenados a 30 años de prisión por un tribunal de San Pedro de Macorís.
Secuestro, asesinato y tortura
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, ambos agresores llegaron al hotel en Juan Dolio donde trabajaban las víctimas, Andrew Reniel Jesus Aguilera Tovar y Luis Miguel Santana.
Primero, secuestraron a Aguilera Tovar, a quien se llevaron en una jeepeta blanca. Luego, unas dos horas más tarde, regresaron por Santana. Lo obligaron a subir al vehículo y lo condujeron a un vertedero en Juan Dolio, donde le mostraron el cadáver de su compañero, ya sin vida.
En ese mismo lugar, Reyes Rodríguez le disparó a Santana, impactándolo en el hombro, pero el proyectil no fue letal. Sin más municiones, intentó ahorcarlo con un cable de teléfono, pero el cable se rompió, frustrando nuevamente el crimen.
No conformes, los agresores lo llevaron a una zona montañosa en San Pedro de Macorís, donde lo torturaron. Según el expediente, ante las súplicas de Santana, Reyes decidió “perdonarle la vida” a cambio de que lo llevara a la casa de su madre, como forma de intimidación para evitar que hablara.
Relata Katherine Espino en EL DIA, que Reyes regresó con Santana al hotel, le curó las heridas y mandó a Martínez Tiburcio a lavar el vehículo usado en el crimen. Fue en ese momento que Santana aprovechó para escapar y denunciar los hechos.
30 años de prisión
El tribunal colegiado, integrado por los jueces Juan de la Cruz Rijo Guillamo, Bethania del Carmen Conce Polanco y Katherine Santana Mejía, dictó 30 años de prisión para Reyes y Martínez, quienes cumplirán la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11).
La acusación fue sustentada por las fiscales Katherine Vallejo Herrera y Antonia Idalia Jiménez Esteves, quienes demostraron que los procesados violaron los artículos 266, 295, 297 y 302 del Código Penal, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego.
El motivo del trágico hecho no fue descrito en el comunicado proporcionado por el Ministerio Público.
