El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una nueva ley que obliga a todas las escuelas públicas del estado a exhibir los 10 Mandamientos en las aulas, convirtiendo a Texas en el estado más grande del país en implementar esta medida.
La legislación fue aprobada con facilidad por la Cámara de Representantes y el Senado estatales, ambos de mayoría republicana, la norma requiere que cada aula tenga un cartel o una copia enmarcada de 41 por 51 centímetros (16 por 20 pulgadas), en inglés de los 10 Mandamientos.
Una ley similar en Luisiana fue bloqueada cuando una corte federal de apelaciones dictaminó el viernes que era inconstitucional, Arkansas también tiene una ley similar que ha sido impugnada ante la corte.
“El objetivo de este proyecto de ley es cumplir lo que es históricamente importante para nuestra nación en términos educativos y judiciales”, afirmó la representante estatal Candy Noble, copatrocinadora de la medida, al momento de su aprobación en la Cámara.
Además, Abbott firmó otro proyecto de ley que permite a los distritos escolares ofrecer a estudiantes y personal un momento voluntario para orar o leer textos religiosos durante la jornada escolar.
Diversos líderes religiosos cristianos y judíos han expresado su rechazo a la medida. En una carta firmada este año, señalaron que Texas tiene miles de estudiantes de diferentes religiones que podrían no sentirse representados por los 10 Mandamientos.
Texas cuenta con cerca de seis millones de estudiantes distribuidos en aproximadamente 9.100 escuelas públicas. Para los opositores, la ley impone una visión religiosa específica en un entorno educativo público que debería mantenerse neutral en materia de fe.
En 2005, Abbott defendió con éxito ante la Corte Suprema de Estados Unidos la permanencia de un monumento con los 10 Mandamientos en los terrenos del Capitolio estatal cuando se desempeñaba como fiscal general de Texas.
En el caso de Luisiana, la ley fue declarada inconstitucional por un juez de distrito federal y la decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que también tiene jurisdicción sobre Texas. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrell, anunció que apelará y está dispuesta a llevar el caso ante la Corte Suprema si es necesario.
