Santo Domingo. La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, aseguró este lunes que han realizado observaciones al proyecto del nuevo Código Penal con el objetivo de que se reincorporen los delitos de consumo, los cuales, según explicó, fueron omitidos en la propuesta actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
«El Código Penal actual, en los artículos 418 y 419, establece lo que son delitos de consumo y en el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional se obviaron esos consumos. Hemos incorporado esas observaciones», indicó Vásquez.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Vásquez subrayó, que se reunió con la comisión que está estudiando el proyecto de ley de Compras y Contrataciones Públicas en el cual le han hecho varias observaciones.
Más transparencia y régimen de consecuencias
Vásquez subrayó que desde ProCompetencia se han realizado análisis comparativos con otras legislaciones, como la de Estados Unidos, donde las prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal. A su juicio, República Dominicana debe adoptar ese enfoque.
“Aquí en la República Dominicana debe también contemplarse esa connotación penal, sobre todo en los casos que tienen que ver con colusión en las Compras y Contrataciones Públicas, de cara a que haya mayor transparencia y un régimen de competencia más justo, ya que estas prácticas afectan a los más vulnerables”, expresó.
Vásquez aseguró que ProCompetencia actúa tanto a partir de denuncias recibidas como de los estudios e informes de abogacía que elaboran con base en un monitoreo constante de los mercados. Además, indicó que también se realiza un seguimiento activo de los medios de comunicación y de las agendas legislativas, con el fin de identificar prácticas o normativas que puedan afectar la libre competencia.
“Emitimos informes sobre los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional, con el objetivo de evitar que se generen distorsiones en el mercado o barreras injustificadas como resultado de esas normas”, expresó la funcionaria.
Explicó que la entidad incide de forma transversal en el desarrollo económico del país, al ser un organismo estatal cuya misión es promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios.
“Es la institución que debe velar porque todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de bienes y servicios, a través de dos funciones esenciales: la defensa de la competencia, que implica sanción, y la promoción y abogacía de la competencia”, afirmó Vásquez.
Detalló que la promoción implica labores de capacitación y sensibilización, mientras que la abogacía se realiza mediante informes dirigidos al Congreso Nacional y entidades reguladoras, basados en estudios de mercado con el objetivo de recomendar mejores prácticas, evitar barreras que distorsionen la competencia y evaluar condiciones que afectan los diferentes sectores.
ProCompetencia tiene facultad para sancionar colusión en Compras y Contrataciones Públicas
Vásquez afirmó que la institución tiene la facultad administrativa sancionadora para actuar ante prácticas de colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, con el objetivo de proteger la competencia y evitar distorsiones en el mercado.
“ProCompetencia es quien tiene la facultad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas”, precisó.
Explicó que la colusión ocurre cuando dos o más oferentes se ponen de acuerdo para repartir el mercado, afectando la transparencia y equidad del proceso.
Detalló que estas prácticas pueden presentarse de diversas maneras, como cuando un oferente presenta un precio muy alto y otro ofrece una propuesta más baja, pero aún así superior al valor real del producto en el mercado. “También se presentan todos al proceso ya última hora se retiran, quedando solo un oferente”, señaló.
Vásquez advirtió que en algunos casos puede existir coordinación con funcionarios públicos, lo que representa una grave distorsión del mercado y un riesgo para la gestión pública.
Modificación de ley de ProCompetencia para que sea más efectiva, estamos dispuestos a ir al congreso
Anunció que la institución presentará un proyecto de ley para modificar su normativa vigente, con el objetivo de fortalecer su capacidad sancionadora y alinearse con las mejores prácticas internacionales.
Vásquez explicó que la propuesta contempla la inclusión de nuevos mecanismos como el control de fusiones y concentraciones empresariales, la imposición de multas más disuasorias para los infractores, la ampliación de los plazos de actuación, y la incorporación de sanciones para la competencia desleal.
“Uno de los aspectos clave que contempla la modificación es el programa de clemencia, el programa de clemencia consiste en que, cuando varios agentes económicos se ponen de acuerdo y uno denuncia primero, puede recibir una sanción menor”, detalló.
En cuanto a los monopolios y el abuso de posición dominante, Vásquez subrayó que ProCompetencia mantiene una observación constante sobre aquellas empresas que controlan productos sin competencia directa, para evitar prácticas abusivas.
Además, el titular de ProCompetencia destacó que la primera sanción por colusión en el país se impuso en un proceso de compras públicas para la adquisición de alimentos destinados a personas privadas de libertad. En ese caso, se aplicarán multas equivalentes a 300 salarios mínimos y se inhabilitará a los responsables como proveedores del Estado.
Asimismo, resaltó que la mayor sanción impuesta por la institución fue contra la Cervecería Nacional Dominicana, por abuso de posición dominante, con una multa de 3,000 salarios mínimos, equivalente a 48 millones de pesos.
Somos el Tribunal de la Competencia
Vásquez, afirmó que la entidad actúa como el “Tribunal de la Competencia” en República Dominicana, al tener facultades para sancionar prácticas anticompetitivas y promover mercados más justos y eficientes.
Explicó que realizó un estudio sobre el mercado de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), revelando que tres entidades concentran el 70 % del mercado, lo que representa una concentración moderada. Asimismo, señaló que el mecanismo actual de asignación de afiliados genera distorsiones en el sistema.
También destacó que las ARS públicas cumplen una función precompetitiva al impulsar la concurrencia con las privadas y asegura que su existencia es constitucionalmente válida.
Además, resaltó que ProCompetencia ha incorporado una perspectiva de género en sus estudios, al evidenciar que en Centroamérica las mujeres enfrentan sobrecostos en productos solo por su condición de género.
Finalmente, anunció la realización del Segundo Congreso Internacional de Género y Competencia, a celebrarse el jueves 27 de junio a las 8:30 am en el Hotel Cataluña, como parte del compromiso institucional por una competencia más equitativa.
