Los recientes eventos trágicos ocurridos en la República Dominicana han puesto al desnudo una realidad alarmante: nuestras construcciones no solo enfrentan riesgos naturales, sino que muchas de ellas son, desde su origen, una amenaza por sí solas. Lejos de ser la excepción, las edificaciones mal concebidas, con permisos incompletos o directamente ilegales, parecen haberse convertido en la norma.
En un país con alto riesgo sísmico, donde el sobrediseño estructural debería ser obligatorio, resulta inaceptable que todavía se construya sin supervisión técnica adecuada, sin respetar los linderos, sin parqueos y con métodos improvisados. Más preocupante aún es que buena parte de la población prefiera contratar a un maestro constructor antes que a un ingeniero civil, perpetuando así un sistema informal que pone vidas en peligro.
El caso de Los Mina: una torre polémica
El debate reciente gira en torno a una construcción ubicada en la avenida Sabanalarga, en el sector Los Mina, frente a la bomba Total y cerca de la nueva Ciudad Judicial. Allí, se levantó una torre de siete u ocho niveles sobre una base de apenas 180 m², sin respetar las condiciones mínimas de seguridad estructural ni contar, al parecer, con todos los permisos requeridos. La obra fue paralizada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Ministerio de Vivienda el pasado 22 de mayo.
Se trata de una estructura híbrida de acero y mampostería, construida con la idea de conservar un antiguo edificio de tres niveles. El error más evidente fue iniciar la colocación de los bloques divisorios desde los niveles superiores hacia abajo, generando una base visualmente inestable: columnas delgadas que sostienen una masa monolítica en el tope, dando la impresión de una edificación frágil ante cualquier eventualidad sísmica.
¿Por qué se construye sin permisos?
Detrás de cada obra informal hay una cadena de razones. La principal: el dinero. Legalizar una construcción en el país requiere pagar por múltiples planos especializados, someterse a procesos largos y costosos, y asumir impuestos elevados. Además, respetar todas las normativas urbanas puede reducir drásticamente el espacio útil del terreno, algo que muchos ven como un «desperdicio», sobre todo en zonas densamente pobladas como Los Mina.
A eso se suma la desconfianza hacia los profesionales del sector. En lugar de contratar arquitectos e ingenieros, muchos prefieren «resolver» con personal empírico. Paradójicamente, los profesionales de la construcción son los únicos en el país que deben someterse a un extenso sistema de supervisión por parte de otros expertos antes de iniciar cualquier obra.
Una cultura de impunidad y envidia
Parte del problema es la facilidad con que se construye sin consecuencias reales. En muchos casos, lo peor que puede pasar es una multa o una paralización temporal de la obra. En ese contexto, es más rentable construir rápido, sin permisos, y «arreglar» después si es necesario.
Pero hay algo más peligroso aún: la cultura de la envidia y la doble moral. En un país donde gran parte de las construcciones violan normas, quienes se atreven a hacer algo diferente, más ambicioso o más alto, suelen llamar la atención… y no siempre para bien. El que sobresale corre el riesgo de ser denunciado.
¿Y ahora qué?
Lo cierto es que la torre de Los Mina, a pesar de sus fallas, no parece del todo irrecuperable. Las autoridades deberán hacer una evaluación técnica rigurosa para determinar su viabilidad. Sin embargo, este caso debe servir como un campanazo de alerta: no podemos seguir normalizando la improvisación en algo tan serio como lo es la construcción.
Si usted está pensando en invertir en una obra, recuerde: hacer las cosas bien desde el principio no solo es lo legal, es lo correcto. No se trata solo de cumplir con planos y permisos, se trata de proteger vidas.
Construir con calidad no es un lujo, es una responsabilidad. Y en un país sísmico como el nuestro, jugar con estructuras mal hechas es jugar con la muerte.
