Abogados de víctimas del Jet Set afirman que la justicia está secuestrada por la oligarquía

Los abogados Luis Aybar y Plinio Pina, que representan al testigo de cargo Gregory Adames Arias en el caso Jet Set, cuestionaron la calificación del Ministerio Público, de considerar la actuación de los señores Antonio y Maribel Espaillat como homicidio involuntario, porque de acuerdo a las pruebas que ellos mismos entregaron a los fiscales se trata de un caso de homicidio voluntario, y que aplicaría para un período de prisión de hasta 20 años para ambos propietarios del lugar siniestrado.

Sostuvieron en declaraciones para Acento TV que el sistema judicial dominicano está siendo sometido a una prueba de esfuerzo, y que es preferible que el presidente Luis Abinader se olvide de la independencia del poder judicial y decida asumir él, como presidente el liderazgo, para evitar desmadres como el que ellos y las víctimas del Jet están viviendo.

Entienden que la calificación que aplica para este caso, es la correspondiente al artículo 295 del Código Penal, que ya ha sido utilizada anteriormente por el Ministerio Público por casos de muchísima menor trascendencia, pero que en este caso en que murieron 236 personas, en que hubo 180 heridos, y hubo negligencia manifiesta, descuido irresponsable, y rechazo de todas las recomendaciones que ser hicieron hasta la última hora de la tragedia, para salvar las vidas de los que allí estaban porque confiaban que estaban en un lugar seguro.

Dijeron que Gregory Adames había dicho, pedido, reiterado, solicitado y presionado porque el techo se estaba cayendo y para él esto podría afectar a las personas que allí disfrutaban.

Consideraron que los desistimientos de familiares y afectados presentados por los abogados de Antonio Espaillat no son acuerdos, sino simples documentos de descargos, que se caracterizan por sumas menores para los que negociaron directamente, sin abogados, y sumas mayores para los que se hicieron acompañar de abogados.

Entienden que el Código Penal obliga a establecer montos diferentes para los casos de las personas víctimas que hicieron demandas, dependiendo de las condiciones económicas de las víctimas.

Sin embargo, lamentaron que la justicia se encuentre secuestrada por lo que denominan ciertos poderes oligárquicos, que indujeron a que la jueza de Atención Permanente ofreciera la libertad cuando se le solicitaba prisión de 18 meses para el señor Antonio Espaillat.

Anunciaron que ellos apelarán la medida de coerción y que al mismo tiempo apelarán la calificación que hizo el Ministerio Público de homicidio involuntario, aplicando los artículos 319 y 320 del Código Penal.