El Ministerio Público solicitará, a través de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, que sea confirmada la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, aplazó hasta el próximo 5 de agosto la audiencia para la revisión obligatoria de la medida impuesta a Giroux.
En este proceso, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco recurrieron en apelación, siendo fijada la audiencia para el 11 de julio de 2025 por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.
Para el martes 1 de julio también se había fijado una revisión obligatoria de la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a ambas imputadas, declarándose el sobreseimiento de la misma hasta tanto haya una decisión en la Corte de Apelación.
En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviado lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Rodríguez de Moya y Nova Nolasco en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El equipo de investigación está compuesto por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro, Mayerlin Rondón y Kelvin Santana, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez enfatizaron que se continúa la investigación y que han recibido unas 300 querellas de igual número de afectados de la estafa inmobiliaria y lavado de activos.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
