La Alcaldía del municipio de Salinas, Barahona y sus líderes comunitarios acusan a la empresa Cemex Dominicana de explotar los yacimientos de yeso sin cumplir con el mandato de la Ley 64-00 al no compensar el impacto ambiental y social que dejan. Según el alcalde PedroAsunción Echavarría Moscoso, la riqueza extraída de la tierra solo ha sembrado desigualdad y polvo.
Indica un reportaje de Panorama que el 9 de junio de? 2017, la entonces alcaldesa Yenis Terrero firmó con la antigua Cemex Dominicana —hoy Cementos?Progreso— un convenio que sustituyó la obligación legal de pagar el 5 de las utilidades netas al ayuntamiento por un 5% sobre una tarifa fija de 2.30 pesos por tonelada métrica de yeso. Para los salineros, ese acuerdo “legalizó pérdidas” a un pueblo que ahora exige justicia.
“La riqueza del suelo no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos mientras nuestros campos se secan, nuestras calles se llenan de polvo y nuestros niños se enferman. No pedimos caridad, pedimos que se cumpla la ley”, declaró el alcalde Pedro Asunción Echavarría Moscoso, quien ha iniciado acciones legales contra la empresa por evasión de arbitrios y violación de derechos ambientales.
El conflicto tiene como centro el pago irrisorio de apenas el 5 % sobre el precio de RD$2.30 por tonelada métrica de yeso extraído, una cifra pactada en contratos previos que, según el abogado apoderado del municipio, Nelson Pimentel, “contraviene la legislación vigente y constituye una profunda defraudación al fisco municipal”.
“La ley es clara: el 5% debe calcularse sobre los beneficios netos, no sobre una tarifa simbólica impuesta por convenios firmados fuera del marco legal”, sostuvo Pimentel.
Pero hay un detalle aún más revelador que, según las autoridades, expone la estrategia con la que se ha manejado esta relación contractual. El alcalde de Las Salinas mostró al programa Toda La Verdad, que se transmite por VTV, canal 32, un borrador de convenio que asegura le entregaron ejecutivos de Cemex y que él se negó a firmar, que contiene un párrafo, donde lejos de responder a criterios técnicos, busca justificar legalmente lo injustificable.
“El párrafo II del borrador establece que si en algún trimestre no se generaban beneficios la empresa pagaría al ayuntamiento solo RD$2.30 por tonelada. Es decir, se autoexoneraban del mandato legal”, explicó el abogado representante de la Alcaldía de Salinas, Nelson Pimentel. “Están diciendo, con ese tecnicismo, que nunca obtuvieron beneficios porque según los contratos anteriores es el precio con el que se habían manejado con las autoridades locales. Pero una empresa que supuestamente no tiene ganancias no puede haber sido vendida por 20 mil millones de pesos como lo fue Cemex Dominicana a Cementos Progreso”, agregó el abogado.
Por su parte, el alcalde de Las Salinas, Pedro Asunción Echavarría Moscoso, denunció que ejecutivos de Cemex le externaron que el pago simbólico de RD$2.30 por tonelada se debía a que no podían calcular el 5% sobre sus ganancias netas, debido a que operan en múltiples zonas del país y obtienen ingresos de actividades no vinculadas directamente a la explotación minera.
Sin embargo, el edil aclaró que el municipio no reclama el 5% de las ganancias globales de la empresa, sino exclusivamente de los beneficios netos generados por la operación en Las Salinas y que Cementos Progresos debe ahora transparentar.
Mientras tanto, la comunidad continúa esperando respuestas de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, así como de Cementos Progreso, hoy nueva operadora de la mina. Al cierre de esta nota, no se ha recibido ninguna declaración oficial de dichas entidades.
“Los salineros y salineras estamos cansados de que nos cojan de relajo con la explotación de nuestras minas sin recibir beneficio alguno. Esta lucha no se detendrá hasta que se hagamos justicia”, concluyó el alcalde Echavarría.
