Ángel Martínez Jiménez debe presentarse este jueves, una vez más, ante un tribunal que conocerá otra solicitud de medida de coerción en su contra, ahora por la querella presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful .
Raful forma parte del grupo de personas que por separado han demandado al comunicador por difamación e injuria.
Por otros casos —el más reciente el pasado lunes— ya se le impuso de coerción consistentes en el uso de grillete electrónico , impedimento medidas de salida del país y una garantía económica de tres millones de pesos.
En lo que respeta a la querella de Raful , el procurador fiscal Merlin Mateo Sánchez, adscrito a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) pide la garantía económica ascendente a la suma de dos millones de pesos en modalidad de efectivo; impedimento de salida del país y presentación periódica.
La Torita
En la misma instancia depositada por la ministra Faride Raful , también se persigue a Ingrid Altagracia Jorge Pérez (la Torita), pero según informaciones de fuentes del Ministerio Público , a Pérez Jorge se le llevará un proceso aparte .
Raful exige en su querella una indemnización de 100 millones de pesos contra los dos comunicadores porque sus comentarios en sus plataformas digitales le han afectado su vida privada.
Entre los que llevan procesos judiciales contra Martínez Jiménez se encuentran la exviceministra de Cambio Climático, Milagros De Campas Germán; el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, quien lo acusa de extorsión; el exministro de Educación, Roberto Fulcar; y Luis Ricardo Reyes Mendoza.
La jueza Yanibet Rivas , del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la querella de Raful contra los dos comunicadores.
Abogados de Martínez
Este miércoles, los abogados Martínez dijeron que su defendido es «víctima» de una » persecución judicial».
Carlos Mesa y Hamilton Brito manifestaron el compromiso de Martínez de acudir a todas las citaciones judiciales , pero advirtieron que «se está orquestando un plan» para llevar a audiencias distintas por casos que, aseguran, guardan relación entre sí.
Hicieron un llamado al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, para que intervenga y se corrija lo que califican como un «entuerto jurídico».
